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El 30% de los empleados públicos en Canarias son interinos

El consejero de Adminsitraciones Públicas Julio Pérez advierte de que la jubilación de la mitad de los funcionarios en los próximos años generará un “problema de reposición”
El consejero de Administraciones Públicas, Presidencia y Justicia, y portavoz del Gobierno canario, Julio Pérez

El consejero de Administraciones Públicas, Presidencia y Justicia, y portavoz del Gobierno canario, Julio Pérez

Por Diario de Avisos/Agencias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, informó ayer martes de que el 30% de los empleados públicos en Canarias son interinos, y lamentó que este “elevadísimo” ratio se haya prolongado durante décadas.

Pérez, que compareció en comisión parlamentaria para hablar de los objetivos de su Consejería, admitió que, “con un 30% de interinidad, nadie hace nada bien” y precisó que no todas las situaciones de interinidad son anómalas.

Para corregir esta cuestión, el Gobierno ha abogado por llevar a cabo “procesos de consolidación del empleo público” pues, añadió, la calidad del empleo público condiciona la calidad del servicio público y de la administración en Canarias, donde detalló que hay en torno a 74.000 empleados.

Pérez ilustró la situación de una manera muy gráfica: “es posible” que llegue el dinero de la deuda de carreteras a Canarias y que “no haya gente”, es decir, empleados públicos que puedan ejecutar las obras; y avanzó que las oposiciones que se paralizaron en verano continúan y que, en “un par de meses”, espera que comiencen estos procesos.

El consejero insistió en simplificar la relación de puestos de trabajo, pues hoy en día pueden tardar hasta un año en ponerse de acuerdo con los sindicatos.

Pérez alertó de que, en los próximos años, se jubilarán la mitad de los funcionarios, y consideró necesario revisar esta situación “con urgencia y templanza”, pues deriva en “un problema de reposición” al que hay que hacer frente con la convocatoria de oposiciones, señaló el consejero, quien cree que también es importante retener el conocimiento en la administración pública.

Según el consejero, su área necesita avanzar hacia la digitalización, sobre todo, en los procesos internos, para acabar con “montañas de papel”.

La transparencia es otro de los retos de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que se ha propuesto mediar y evaluar todas sus acciones, como el tiempo que se tarda en pagar a los proveedores o el número de interinos que hay.

La diputada de CC Socorro Beato calificó de “continuista” la política del Gobierno en asuntos como la implantación de administración electrónica, lo cual consideró positivo, y reivindicó una mayor concreción respecto a los objetivos de la reducción de la tasa de interinidad en la administración pública.

El diputado de CC Jonathan de Felipe exigió que se destinen más recursos para garantizar la asistencia jurídica gratuita. Mientras, la diputada del PP Luz Reverón pidió al Gobierno que aclare cuándo convocará los procesos selectivos que fueron paralizados en verano, generando “mucha incertidumbre” entre los opositores.

Desde Podemos, el diputado Francisco Déniz pidió que se mejore la transparencia de los organismos que dependen del Gobierno y se cree un registro de los grupos de presión.

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