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El concurso del Cabildo para vender sus casinos queda desierto

Una cláusula de cumplimiento prácticamente imposible tumba la única oferta que llegó al final de la licitación y los tres negocios, que son rentables, seguirán siendo públicos
Casino Playa de las Américas. DA
Casino Playa de las Américas. DA
Casino Playa de las Américas. DA

Tanto nadar contra la corriente que se oponía a la venta de los tres casinos de titularidad pública por parte del Cabildo de Tenerife para terminar muriendo la polémica licitación en la orilla previa a la finalización de la misma.

El concurso iniciado en 2016 para vender estos negocios, que por cierto son rentables para las arcas públicas, ha quedado desierto después de que la Mesa de Contratación haya decidido proclamarlo de tal forma. Aún queda el trámite en el que el Consejo de Gobierno Insular adopte, como así será, la referida conclusión de la Mesa, lo que ocurrirá en su reunión del próximo martes.

Curiosamente, esta licitación ha resultado infructuosa por razón de un requisito incluido en el pliego de condiciones que, en la práctica, resulta de imposible cumplimiento, como finalmente ha sucedido. Ello se debe a que las empresas que pretendieran hacerse con estos tres casinos (que son los situados en Playa de Las Américas, el Taoro portuense y en Santa Cruz de Tenerife) tenían que realizar una inversión añadida de 4,5 millones de euros en algún proyecto de mejora para el sector turístico.

Pero no es tan apreciable cantidad de dinero el problema, no, sino que tal proyecto debía contar ya con las preceptivas y/o autorizaciones de las administraciones implicadas, lo que supone un milagro como bien sabe cualquiera que conozca el vía crucis imprescindible para la obtención de las mismas, no digamos ya si, como es el caso, se cuenta con poco tiempo.

Revisando este proceso ahora fracasado, fue en 2016 cuando el expresidente insular, Carlos Alonso (Coalición Canaria), anunció su intención de vender los tres casinos, a pesar de que, por ejemplo, en 2017 arrojaron unos beneficios superiores a los dos millones de euros.

Pese a las críticas de partidos opositores como Sí Podemos Canarias y sindicatos como UGT, la pretendida enajenación inició su andadura con una fase previa, a modo de preinscripción, en la que participaron cuatro empresas del sector, concretamente Global Casino Technology Corporation, Pama e Hijos, Olympic Entertaiment Group y Automáticos Canarias-Grupo Orenes.

De este póquer de aspirantes solo quedó uno cuando llegó la segunda fase, la destinada propiamente a la licitación, pero Pama e Hijos (una conocida empresa del ramo de origen grancanario) se topó con la cláusula dichosa, y la Mesa de Contratación no pudo hacer otra cosa que cumplir la ley y rechazar también su propuesta, declarando, como se ha dicho, desierto este concurso. Como se explicó con anterioridad, la empresa aspirante presentó correctamente un proyecto para la mejora del sector turístico por esos 4,5 millones de euros, pero evidentemente sin las autorizaciones y/o licencias necesarias para llevarlo a cabo.

Resta recordar que el aludido proyecto turístico podía comprender tanto actuaciones de obra nueva como de rehabilitación de edificaciones ya existentes y debía estar ubicado en uno de los tres municipios donde ya se encuentran los casinos. Además, debía de estar terminado en un plazo máximo de cuatro años y estar relacionado con la actividad de explotación del casino de juego aunque se podían desarrollar otras actividades turísticas adicionales.

El Consejo de Gobierno tendrá que decidir si lo intenta de nuevo o no

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife decidirá, en su reunión del martes que viene, proclamar desierto el concurso para vender los tres casinos insulares de titularidad pública, después de que la Mesa de Contratación desestimase esta semana la única oferta presentada a este proceso de licitación. Sin embargo, nadie sabe si el nuevo equipo rector insular optará por repetir el procedimiento para vender al fin estos tres negocios o desistirá de hacerlo. Hay que tener en cuenta que Sí Podemos Canarias, socio externo de este Consejo de Gobierno conformado por el PSOE y dos consejeros elegidos por la lista de Ciudadanos, se opone radicalmente a esta venta, así como que los socialistas se comprometieron con la formación morada a revisar la misma. Por contra, el actual vicepresidente, Enrique Arriaga (que ha recurrido su expulsión de Ciudadanos), sí es partidario de aligerar las empresas públicas y, por tanto, está a favor de venderlos.

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