El Gobierno lleva a Canarias al TC por los Presupuestos de 2019

Europa Press / DA

El Consejo de Ministros acordó ayer interponer un recurso de inconstitucionalidad a los gobiernos de Canarias y de la Región de Murcia al considerar que, en el caso canario, existen incompatibilidades entre el Fondo de Acción Social y la ley autonómica de los Presupuestos de 2018 y, por la parte murciana, la falta de cumplimiento con los objetivos de déficit.

En lo concerniente a Canarias, el Ejecutivo central ha interpuesto el recurso contra el artículo 47.1 de la ley 7/2018 de Presupuestos de Canarias para el año 2019, que establece un Fondo de Acción Social de carácter no consolidable por un importe de 9.250.636 euros y, por lo tanto, dotado con una cuantía “muy superior” a la establecida en el artículo 48 de la ley de Presupuestos del año anterior. El Gobierno de Pedro Sánchez argumenta que el incremento de las cuantías de Acción Social “es contrario” a la norma básica del artículo 3.2 del real decreto ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, que prohíbe el incremento en los gastos de acción social respecto a 2018. En consecuencia, “vulnera la normativa básica”.

El mencionado artículo 47 hace referencia a la acción social y premios de jubilación y permanencia: “Se establece un Fondo de Acción Social de carácter no consolidable por importe de 9.250.636 euros que se distribuye de la siguiente forma: A) En la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad se consignan créditos por un importe de 4.250.636 euros, que se destinarán, exclusivamente, a los gastos derivados de las pólizas de seguros concertadas que cubren los riesgos de fallecimiento o invalidez permanente del personal al servicio de la Administración pública de la comunidad autónoma. B) En diversas consejerías se consignan créditos por un importe de 5.000.000 de euros, a efectos de que se puedan convocar, reconocer y abonar, durante 2019, ayudas de acción social reglamentariamente establecidas, destinadas al personal al servicio de la Administración pública de la comunidad autónoma. La distribución de los créditos se efectuará por la Dirección General de la Función Pública, previa negociación en la Mesa General de Negociación”.