El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este jueves que España incumplió la legislación comunitaria, al no respetar las obligaciones sobre revisión y actualización de los planes hidrológicos de cuenca de Canarias.
El incumplimiento se refiere a los planes para las demarcaciones hidrográficas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro, según la sentencia.
La corte con sede en Luxemburgo dio la razón a la Comisión Europea, que pidió a los jueces europeos que declararan que España había incumplido la Directiva que establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
La sentencia dictada hoy indica que España no respetó las normas al no haber finalizado la información y consulta públicas sobre la revisión y actualización de los planes hidrológicos de cuenca ni haber adoptado, publicado ni transmitido a la Comisión la revisión y actualización de los planes.
La normativa europea fija un marco comunitario de actuación en política de aguas y establece que los planes hidrológicos de cuenca debían revisarse y actualizarse por primera vez como muy tarde el 22 de diciembre de 2015.
Los Estados miembros debían para ello finalizar la información y consulta públicas previstas en la Directiva, tras lo cual los planes hidrológicos de cuenca actualizados debían ser remitidos a la Comisión en un plazo de tres meses desde su publicación.
El 28 de abril de 2017 la Comisión remitió a España un escrito de requerimiento por incumplir sus obligaciones en relación con la legislación europea.
Meses más tarde, el 5 de octubre de ese mismo año, la Comisión remitió un dictamen motivado a España y le concedió un plazo de dos meses para que adoptara las medidas necesarias.
Tras comprobar que al término de dicho plazo España seguía incumpliendo, Bruselas decidió interponer un recurso ante la Justicia europea.
Según los jueces europeos, a fecha del 5 de diciembre de 2017 todavía no se habían revisado ni actualizado los planes hidrológicos de cuenca de las Islas Canarias, ni tampoco se habían transmitido a la Comisión ejemplares de dichos planes actualizados, ni finalizado la información y consulta públicas que debían realizarse en este contexto.
La corte rechazó los argumentos de España, que defendió que la Comisión debería haber sido más flexible, en lugar de exigirle un estricto cumplimiento del plazo de quince años establecido en la Directiva.
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