La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife decide hoy el incidente de nulidad que sobre la práctica de unas pruebas ha planteado la defensa del expresidente de Canarias y senador por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, a cuenta del llamado caso Grúas, una investigación judicial relacionada con la presunta comisión de tres delitos de corrupción en el que este mandatario de Coalición Canaria está imputado en la actualidad.
En concreto será la Sección Segunda de la Audiencia tinerfeña (la competente para este caso) la que se reúna para deliberar sobre la solicitud de Clavijo, a través de la cual se pretende impedir que se tome declaración a un testigo considerado como clave para la investigación, el empresario José Padilla, quien fuera dueño de la concesionaria municipal de las grúas laguneras antes de que esta empresa pasara a ser controlada por un grupo de trabajadores en su mayoría afines al propio Clavijo.
En realidad, el caso Grúas versa sobre si hubo o no trato de favor desde el Ayuntamiento a estos afines a Clavijo (por entonces alcalde de La Laguna), y que se habría materializado con un préstamo de 120.000 euros y la renovación de la concesión cuando habían incumplido gravemente lo dispuesto en el pliego de condiciones, causa que motivaba legalmente la recuperación del servicio. Para ello se aprobaron tres decretos levantando reparos de la Intervención Municipal.
Sobre el incidente de nulidad que hoy será objeto de deliberación en la Audiencia Provincial, supone, según los especialistas consultados por este periódico, un intento a la desesperada para evitar que tanto Padilla como otros trabajadores no afines a Clavijo ofrezcan su testimonio sobre lo sucedido bajo juramento.
No en balde, Padilla fue particularmente duro respecto a la actuación de Clavijo cuando ha prestado declaración sobre este asunto, lo que se produjo tanto ante la Guardia Civil en el caso sobre un presunto saqueo de piezas en los vehículos retirados por la concesionaria para su venta por internet (archivado provisionalmente ante la imposibilidad, según el juzgado, de especificar quién es responsable de los delitos cometidos a este respecto) como cuando el empresario fue llamado ante la comisión de investigación celebrada en el Ayuntamiento de La Laguna, de infausto recuerdo dado que sus conclusiones fueron decididas gracias al voto de calidad de otro imputado (el sucesor de Clavijo, José Alberto Díaz) y que, en consecuencia, se cerró en falso, tal y como ha demostrado el notable avance de esta investigación judicial.
En cuanto a este incidente de nulidad, se plantea contra un auto dictado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife con fecha del pasado 9 de julio y en el que se dio por bueno llamar como testigo a Padilla, así como a esos otros trabajadores de las grúas no afines a Clavijo.
Dicho auto apreció un recurso de apelación presentado por las acciones populares y la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión inicial de la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna de no recabar el los referidos testimonios. Los motivos aducidos por la defensa de Clavijo, que dirige el abogado estrella José Antonio Choclán (uno de los letrados más caros y conocidos del país tras defender, entre otros, a Cristiano Ronaldo y Francisco Correa, del caso Gürtel), son de carácter estrictamente procesal, si bien se argumenta que sus efectos vulneran los derechos de los encausados.
Sala Segunda
En concreto, cabe recordar que será la Sala Segunda (competente en esta causa) la que hoy decida sobre dicho incidente de nulidad, así como que está presidida por el también titular de la Audiencia tinerfeña, el magistrado Joaquín Astor Landete, que es, a su vez, ponente en lo relativo al asunto que nos ocupa.
A priori, lo normal sería que la Audiencia Provincial refrendase hoy su decisión de validar la declaración como testigo de José Padilla y los trabajadores en cuestión, como ya hiciera en el citado auto del 5 de julio ahora puesto en duda por la defensa de Clavijo.
Presunta corrupción
Como se adelantó, el caso Grúas versa sobre la presunta comisión de tres delitos de corrupción (prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias) a cuentas del cual ya hay cuatro imputados. Se trata del ya citado Fernando Clavijo, que cuando se produjeron los hechos (2014) era alcalde de La Laguna; del igualmente citado José Alberto Díaz, entonces concejal de Seguridad; del también exedil de Coalición Canaria Antonio Miguel Pérez-Godiño (quien firmó un decreto ahora bajo sospecha porque Díaz estaba de vacaciones), y de la exdirectora general de Seguridad del Ayuntamiento de La Laguna Rosario García.
Básicamente, se investiga si hubo tal trato de favor desde el Ayuntamiento a los afines a Clavijo, que se habría materializado con un préstamo de 120.000 euros y la renovación de la concesión cuando habían incumplido gravemente lo dispuesto en el pliego de condiciones, causa que motivaba legalmente la recuperación del servicio. Para ello se aprobaron tres decretos levantando reparos de la Intervención Municipal.
Como quiera que Clavijo se autoimpuso en su partido para ser designado senador, ello le permite beneficiarse del privilegio que supone el aforamiento (ya abolidos en Canarias, pero no a nivel estatal) y así ser juzgado en el Tribunal Supremo por el caso Grúas, algo que ya intentó, sin éxito, con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Padilla: “Mientras tuve la empresa todo fueron amenazas de Clavijo”
Cuando se revisa las declaraciones que el empresario José Padilla ha realizado bajo juramento, no es de extrañar que la defensa de Fernando Clavijo, imputado por el caso Grúas, porfíe a la desesperada para evitar que comparezca como testigo en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna.
Qué mejor ejemplo de lo expuesto que recordar que Padilla declaró bajo juramento el 4 de septiembre de 2013 ante especialistas del Grupo de Información de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, con atestado número 2013-004850-000152. Cuando se le preguntó sobre si sabía de alguna irregularidad cometida por parte de alguien del Ayuntamiento durante la prestación de servicios con su empresa, el empresario sostiene que, siendo Clavijo concejal de Seguridad, le indicó que “tenía que comprar un programa de contabilidad y de gestión de las grúas que costaba 20.000 euros, pudiendo comprarlo en Barcelona él por 900, teniendo que discutir en varias ocasiones por este motivo, no comprándolo finalmente, además de otras obras que le obligaron a contratarlas a través de ellos, pasándole las facturas, como el cercamiento y asfaltado de la calle Espinero, la puerta de la entrada, cámaras de vigilancia del depósito de La Villa, dos oficinas juntas que hicieron en la parte de logística del Ayuntamiento de La Laguna para la gerente y la administrativa de la empresa, donde los conductores de las grúas entregaban los partes diarios, sabiendo que una de estas oficinas está ocupada por otra empresa, no recibiendo ningún dinero por ella (…)”, para a continuación hacer una vaga alusión a supuestos sobreprecios apuntando que “los cargos que tuve que pagar me parecieron de un coste económico muy superior al que realmente debían costar”.
Es entonces cuando Padilla describe cómo percibía la relación con Clavijo, manifestando que afrontaba tales pagos “sin protestar por miedo a que le quitasen la concesión, que era una de las amenazas que recibía por parte de Fernando Clavijo, cuando no estaba de acuerdo con algo relacionado con la empresa, haciéndolo con gritos y amenazas. Durante todo el tiempo que tuvo la empresa todo fueron amenazas, no dejándole hablar en las reuniones que tenían”.
Además, Padilla siempre ha sostenido que el Ayuntamiento de La Laguna le obligó a vender la concesionaria a los afines a Clavijo dejándole de pagar por el servicio durante varios meses.
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