Política

El Gobierno canario no prevé un cambio inmediato del impuesto de sucesiones

Torres insiste en que la reducción del IGIC no ha generado mayor consumo e ingresos, sino que se recaudaron 200 millones menos

Ángel Víctor Torres, en la sesión parlamentaria de control. Sergio Méndez
Ángel Víctor Torres, en la sesión parlamentaria de control. Sergio Méndez

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), precisó ayer que su Ejecutivo no prevé, de momento, la modificación del impuesto de sucesiones y donaciones, aunque no descarta un cambio para que sea “más justo, más solidario y más equitativo”. Entre las propuestas prioritarias, explicó Torres, “no está” ese impuesto. “Hay otros que son los primeros que plantearemos”, pues el Gobierno de Canarias quiere “recolocar los gastos” en los presupuestos de la comunidad autónoma para 2020, para que el Fondo de Desarrollo de Canarias tenga “un enfoque social”.

Respecto al posible aumento del IGIC en medio punto, el mandatario admitió que se notaría en las grandes facturaciones de telefonía móvil y energía eléctrica, por ejemplo, pero “muy poco” en el bolsillo de los ciudadanos, pues la diferencia será “de unos céntimos de euro”.

Si la bajada de medio punto del IGIC hubiese generado mayor consumo y mayores ingresos, “eso no se tocaba” recalcó Torres. “En realidad, beneficia a quienes más facturan”, arguyó. Las grandes facturaciones se ahorraron el año pasado un total de 50 millones de euros por ese concepto, que el Gobierno de Canarias dejó de ingresar en sus arcas, y en su conjunto, supuso 200 millones menos de recaudación. “Tenemos que tomar decisiones progresivas para que las rentas más altas paguen más y no las familias más vulnerables, y tener los recursos necesarios para la sanidad pública y la educación pública”, algo que probablemente “compartirá la mayoría de los canarios, porque es de justicia”, manifestó el presidente. “Las familias canarias tienen hoy un 15% menos de poder adquisitivo que hace varios años, por debajo de la media, mientras que el resto de las comunidades autónomas han aumentado un 6%, lo que significa que “hay riqueza pero está mal distribuida, hay quienes se están quedando con la mayor parte de esos recursos, y sin embargo, hay 600.000 personas en riesgo” de exclusión social. “No queremos que se fracturen la sanidad pública, la educación o la dependencia”, remachó Torres.