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El Gobierno de Canarias anuncia un plan de soberanía alimentaria

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca expone en la comisión parlamentaria que la política sobre el sector primario es una parte esencial en la lucha ante la crisis climática
Alicia Vanoostende, consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. Fran Pallero
Alicia Vanoostende, consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. Fran Pallero
Alicia Vanoostende, consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. Fran Pallero

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, resaltó ayer que la política sobre el sector primario es una parte esencial en la lucha contra el cambio climático y anunció la elaboración de un plan de soberanía alimentaria. Alicia Vanoostende compareció en la comisión de agricultura del Parlamento de Canarias para exponer sus planes para la legislatura y en ese escenario insistió en que la emergencia climática declarada por el Gobierno regional supone un cambio de modelo para las Islas en el que el sector primario ha de desempeñar un papel fundamental: “Espero que Canarias sea referente en soberanía alimentaria, que pueda dar ejemplo de que un territorio fragmentado puede ser autosuficiente y sostenible”.

La consejera encontró el respaldo general de los grupos parlamentarios, cuyos representantes transmitieron su preocupación por los cultivos de exportación ante el brexit, así como la reducción que se presume de las ayudas europeas en el Posei, que podrían bajar en torno al 3%.

El fracaso en la legalización de explotaciones ganaderas fue otra de las preocupaciones comunes de los grupos, que reclamaron mayores cuotas en la pesca del atún y mejoras en los controles de entrada de mercancías por cuestiones fitosanitarias y de fraude. La consejera señaló que el mantenimiento de las ayudas comunitarias en cuanto al Posei y el Plan de Desarrollo Regional (PDR) son cuestiones esenciales para su departamento, así como las compensaciones para el transporte. Acerca de las ayudas, enfatizó que defenderá las peculiaridades canarias para mantener las fichas financieras del Posei y el PDR, así como la situación de excepcionalidad para que continúen de una u otra forma las ayudas al transporte y la comercialización de los productos de exportación al Reino Unido. Vanoostende evaluó las ayudas a la exportación del tomate en 170 euros por tonelada, entre subvención al transporte y a la comercialización, y, aunque corren peligro por el brexit, apuntó que se está trabajando para mantenerlas por una vía u otra por un principio de excepcionalidad. Reiteró que el sector primario es estratégico para la alimentación, el paisaje, el suelo, la biodiversidad, el mantenimiento de costumbres y tradiciones, la fijación de la población rural y la prevención de incendios, entre otras materias.

La consejera identificó el brexit, el cambio climático y las rentas agrarias como algunos de los retos de la consejería y se comprometió a promover un trabajo cada vez más profesional junto al sector. Vanoostende recordó que el sector primario y la industria agroalimentaria apenas suponen el 2% del PIB de Canarias, 16.000 empleos directos y 566 millones de euros de renta anual, pese a lo cual es esencial impulsarlo para cambiar el modelo ambiental, social y económico. “En los últimos dos años se han perdido 2.000 empleos directos, la incorporación de jóvenes no compensa las jubilaciones”, lamentó.

En palabras de la consejera, la soberanía alimentaria es un objetivo a largo plazo y en ese camino se debe hacer énfasis en la producción ecológica. El plan de soberanía alimentaria se desarrollará en colaboración con el sector primario e incorporará “objetivos medibles y evaluables”. Eso incluye impulsar la competitividad, solucionar el problema de la legalización de explotaciones ganaderas, fomentar el relevo generacional y poner en valor el producto local.

Otros de los retos que mencionó la consejera son la mejora de la Administración para la gestión de las ayudas, seguir promoviendo el consumo de productos locales en el sector turístico y la protección de la pesca artesanal, además de la promoción de la acuicultura.

El Consejo de Gobierno aprobó el 30 de agosto la Declaración de Emergencia Climática en Canarias con el fin principal de agilizar la ley canaria de cambio climático, que pretende alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico con energías renovables. Acompañado de todo su Ejecutivo, Ángel Víctor Torres añadió que el proyecto de la ley canaria de cambio climático persigue igualmente la reducción de las emisiones de gases contaminantes y la implementación de mecanismos de absorción de carbono en los medios físicos de Canarias, así como apoyar la investigación en materia de cambio climático.

Sobre la ley canaria de cambio climático, el Gobierno se compromete en su declaración a sacarla adelante “en el plazo más breve posible” procurando la mayor e intensa colaboración y participación activa de toda la sociedad canaria, de las instituciones y de la comunidad científica del Archipiélago. Todo ello, con el objetivo de implementar políticas efectivas de reducción de los impactos y de mitigación de los gases de efecto invernadero, con la misión de alcanzar la descarbonización de la economía canaria en el año 2040 e incluso antes del año 2035.

La emergencia climática establece como punto de partida comprometer todas las políticas del Gobierno de Canarias, y de las administraciones públicas de la región, para que contribuyan a frenar la amenaza mundial que entraña el cambio climático.

Otros de los retos son recuperar los acuíferos perdidos y mejorar la eficiencia en la gestión del ciclo del agua, avanzar en modelos de economía local y de proximidad que impulsen la soberanía alimentaria, la silvicultura, la pesca artesanal, la agricultura y la ganadería ecológicas y de proximidad, de tal modo que quienes trabajen en la agricultura, la ganadería y pesca y desempeñan un papel clave sean reconocidas como tales.

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