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El Gobierno prevé aumentar el gasto un 2,7% el próximo año

El incremento supone 211 millones más, que podrían llegar a los 236 si fructifican las negociaciones con cabildos y ayuntamientos en el reparto de la subida del IGIC
El presidente Ángel Víctor Torres y el vicepresidente Román Rodríguez en el Parlamento regional. Sergio Méndez
El presidente Ángel Víctor Torres y el vicepresidente Román Rodríguez en el Parlamento regional. Sergio Méndez
El presidente Ángel Víctor Torres y el vicepresidente Román Rodríguez en el Parlamento regional. Sergio Méndez

El Gobierno canario prevé gastar el año que viene 8.067 millones de euros, un 2,7% más que en el presupuesto actual, unos 211 millones de euros. Un aumento destinado a sufragar la llamada “agenda social” que pretenden conseguir a través del incremento de algunos impuestos, una reorganización del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) y una reestructuración de algunos gastos de las consejerías.

Sin embargo, el aumento de gasto podría llegar hasta los 236 millones si el Ejecutivo logra convencer a ayuntamientos y cabildos para cambiar el criterio de reparto de la subida del IGIC. Normalmente, los impuestos del llamado bloque financiero canario, IGIC, AIEM (sobre importaciones y exportaciones) y el impuesto de matriculaciones, que son específicos de las Islas, gracias al Régimen Económico y Fiscal, se distribuyen en un 58% para ayuntamientos y cabildos y un 42% para la Administración regional. El Ejecutivo pretende que el criterio se invierta y que los 150 millones de euros adicionales que prevé recaudar con la subida del IGIC, se distribuyan en un 58% para la Admisnistración regional y el 42% para ayuntamientos y cabildos. Solo para este año. A esto hay que añadir la previsible subida del IRPF en las rentas de entre 80.000 y 120.000 euros al año, un incremento al impuesto de las labores del tabaco, a la electricidad y la telefonía y al juego.

Hay que recordar, sin embargo, que solo el gasto en personal va a aumentar en 209 millones de euros; una parte destinada a la reducción de jornada con igual salario del personal educativo y sanitario; y la otra parte a asumir la subida del 2,25% de los salarios del personal público, que es el incremento estipulado por la previsión de IPC.

Para que todo ese gasto no se coma la disponibilidad de recursos finacieros para pagar la llamada “agenda social” obtenida vía impuestos, el Ejecutivo pretende convencer a ayuntamientos y cabildos para que le permitan contar con 180 millones del FDCAN. 100 para este año 2019, con el objetivo de no sobrepasar la regla de gasto del 2,8% y 80 millones para el presupuesto de 2020. Según sostiene el Ejecutivo, ayuntamientos y cabildos tienen un ritmo de ejecución que permite que el Ejecutivo regional pueda contar con estas cantidades sin alterar los proyectos que están en marcha. A cambio , el Ejecutivo relajaría los criterios de ejecución, que obligan devolver el dinero no invertido en el periodo estipulado, una cantidad no gastada que termina computando en el superávit pero que no tiene efectos en el ciudadano en términos reales.

El Ejecutivo también calcula una reasignación de unos 20 millones en gastos dentro de las propias consejerías con el objetivo de destinarlos a la política social. Se trata de recortar en materias como consultorías externas o publicidad para sufragar el aumento del gasto en sanidad, en vivienda pública, en transición ecológica y en política social, poniendo énfasis en el aumento de Prestación Canaria de Inserción, la atención temprana y la dependencia.

Según el Ejecutivo, estos parámetros presupuestarios están hechos con “prudencia” , teniendo en cuenta que no existen presupuestos generales del Estado. “Si después del 10 de noviembre se forma un Gobierno rápido y se aprueba un presupuesto donde se liberen nuevas partidas para Canarias, nosotros podremos hacer una modificación presupuestaria”, afirman.

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