
El tiempo da y quita razones, además de poner a cada uno en el sitio que le corresponde. Así al menos lo entiende la primera teniente de alcaldesa de Santa Cruz, Matilde Zambudio, después de que la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 2 de la capital haya concedido, tanto a ella como a su compañero Juan Ramón Lazcano, las medidas cautelares solicitadas por ambos para que se suspendiera la expulsión de su partido, Ciudadanos, hasta que se dilucide el fondo del asunto, que no es otro que ver si hay verdaderos motivos para el expediente de expulsión que se les abrió a ambos concejales por apoyar al PSOE para lograr la alcaldía de Santa Cruz. La jueza considera que los argumentos expuestos por los demandantes tienen apariencia de buen derecho, es decir, son verosímiles y tienen posibilidad de prosperar cuando se celebre el juicio sobre la expulsión. Además, estima que los perjuicios que podrían sufrir los demandantes si se aplicara ya la expulsión serían de tal gravedad que, si finalmente les dieran la razón, no se podrían revertir. La jueza considera ajustada la cantidad de 500 euros propuesta por los demandantes para cubrir los posibles daños que le ocasionaría al partido la adopción de las medidas cautelares, y, además, le impone a Cs el pago de las costas procesales.
“Es una primera batalla y de lo que se trata es de ganar la guerra, pero es una primera batalla importante. Llevamos meses diciendo que no, que esto no ha sido así, con una indefensión tremenda. Somos dos personas y nos han tratado como si no los fuéramos. La solución hubiera sido más sencilla si se hubiera hecho de otra manera, pero con nosotros, esas personas (Teresa Berastegui y Vidina Espino) han mostrado una falta de escrúpulos tremenda y sin importarles absolutamente nada”. Así se expresaba ayer Matilde Zambudio, tras conocer el auto que les da la razón en su argumento de que Cs ha vulnerado sus derechos fundamentales en la tramitación del expediente que culminó con la expulsión definitiva de ambos concejales del partido, ahora suspendida por la jueza.
“La magistrada ha considerado que hay apariencia de buen derecho por nuestra parte, es decir, que nosotros estamos diciendo lo que es, sin perjuicio de que en el pleito principal se practique la prueba que corresponda, y, además, tiene en cuenta el perjuicio que se puede ocasionar si no se para esa orden de expulsión”, añadió la también edil de Promoción Económica.
Las palabras de Zambudio se ven ratificadas por el auto de la magistrada al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, en el que afirma que, a la vista de las pruebas aportadas por los demandantes, “parece verosímil lo argumentado por la solicitante en cuanto a que no existe base razonable para que se tomase la decisión de expulsión” y añade que, con respecto a las alegaciones de Cs, “no ha realizado ningún esfuerzo particularizado por contradecir, al menos, la alegada privación de medios de defensa a la solicitante de las presentes medidas”.
Zambudio hizo hincapié en lo que supone reconocerles la vulneración de derechos fundamentales porque “hay dos cuestiones, una de fondo, que es la de si hubo o no instrucción expresa para hacer una cosa u otra, y otra de forma, que es la del expediente disciplinario que ha quedado constatado que se hizo infinitamente mal porque ni siquiera aplicaron nuestro derecho de defensa”, sostiene. “Se presentaron pruebas posteriores a las que no tuvimos acceso y, por tanto, no pudimos alegar, no hubo conclusiones… Por decirlo de alguna manera, se pasaron por el arco del triunfo su propio procedimiento administrativo”, añadió.
Para la también edil de Cultura todo el proceso se ha hecho rematadamente mal. “Lo lógico es que se hubiera actuado, y más en este caso concreto, como se actuó en La Palma. Un proceso en el que nadie del partido dijo absolutamente nada, y que, finalmente, concluyó con la readmisión de los consejeros”. “Pero claro -continuó- esa posibilidad la truncaron tanto Teresa Berastegui por la forma en la que comunicó la expulsión, como Vidina Espino, cuando se inventó el tema de la venta de los votos. Ellas dos imposibilitaron, y estoy segura de que no fue por instrucciones de Nacional, cualquier tipo de rectificación”.
Y es que para Zambudio, ahora mismo, reconducir la situación tal y como ha pasado con los consejeros del PP en La Palma, tiene demasiados condicionantes. “En este caso hay dos personas que si no hubieran estado al frente no habría pasado nada de esto, así que de manera directa imposibilitaron cualquier otro tipo de relación”. “Me asombra como se desenvolvieron desde el partido porque las medidas la adoptaron al revés: sí, sobraban dos, pero se equivocaron de lado”, añadió.
La edil también aclara que ni ella ni Lazcano han pasado a ser concejales no adscritos en ningún momento. “Ahora está claro que seguimos formando parte de Cs, y, además, nunca pasamos a ser concejales no adscritos porque el informe del secretario del Pleno nunca llegó a implementarse dado que Cs no cumplió con una serie de requisitos de comunicación, por lo que ese informe se queda sobre la mesa hasta que haya una resolución definitiva”.
Ante la pregunta de que cabe esperar con un auto a su favor tan claro, la concejala se muestra clara. “Ahora mismo, con las cautelares en la mano, vamos a ver cómo aplican esa medida en cuanto al ejercicio de nuestros derechos como personas que formamos parte de Cs. A lo mejor cambian las cosas y con esta medida cautelar se toman otro tipo de decisiones”. Además, entiende que el proceso de expulsión es algo común, “pero lo que no es normal es lo que ha pasado con las personas que estaban dirigiendo el partido, tomando decisiones de forma unilateral, y ninguna de ellas acertada”.