La sede judicial de Santa Cruz se quiere instalar en la entrada sur

La capital palmera está más cerca de encontrar una fórmula que permitiría la construcción de su nueva sede judicial, tal como relatan fuentes autorizadas a DIARIO DE AVISOS. La misma, se emplazaría en un solar próximo a la rotonda sur de la ciudad, muy cerca de la ubicación escogida para el proyecto de estación de guaguas.

Ayer se celebró una reunión entre la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, y el consistorio local, a la que también asistieron representantes del Cabildo y el Colegio de Abogados de la Isla. Durante el desarrollo del encuentro, las administraciones implicadas reconocieron que “ha sido muy difícil encontrar una parcela que cumpliera los requisitos” para albergar las instalaciones. Así pues, las fuentes consultadas por este periódico destacaron que hubo “buena sintonía” con la institución regional, que se mostró “impaciente por escoger un lugar”, dado que hay una partida presupuestaria consignada para realizar el estudio de detalles, es decir, el análisis de los posibles usos del suelo.

Posteriormente, ya con fondos del próximo ejercicio, el Gobierno canario organizaría un concurso público para redactar el proyecto de ejecución. En este sentido, el Cabildo manifestó su predisposición para adquirir los terrenos necesarios y “hacer que la nueva sede judicial sea una realidad”, indicaron.

A finales del mes pasado, el consejero regional de Justicia, Julio Pérez, anunció que Los Llanos de Aridane había puesto a disposición del Área un solar en la calle Ramón Poll. Este hecho, unido a la petición del Colegio de Abogados de La Palma por la que se instaba al Tribunal Superior de Justicia de Canarias a crear un Juzgado de Lo Penal con sede “permanente” en la Isla, hace que se inicie una cuenta atrás para decidir cuál de los dos municipios acogerá dicha infraestructura, que se integraría en uno de los Palacios de Justicia proyectados.

En la solicitud de comparecencia, la diputada socialista, Matilde Fleitas, dibujó un panorama desolador para clientes, abogados, jueces y funcionarios, que habrían visto comprometida su seguridad y confidencialidad por las condiciones de los enclaves empleados actualmente.