La Fundación Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (Foessa) ha hecho público, por medio de Cáritas, un nuevo informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Canarias en el que se consigna que un 29% de la población está en situación de exclusión social, moderada (13,3%) o severa (15,7%). Del 71% restante, se destaca que solo el 40,1% está integrado de forma plena, mientras que el 30,8% se encuentra en un estado de integración precaria. Los datos que siguen resumen una radiografía social preocupante: el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de Canarias es inferior al nacional: 19.657 euros por habitante frente a los 23.179, cantidad del conjunto del Estado. El gasto en protección social también es inferior a la media española: en nuestra Comunidad Autónoma, se eleva a 2.714 euros por persona y en España el promedio asciende a 3.214 euros. Teniendo en cuenta que los registros se producen cuando el contexto socieconómico se caracteriza por el aumento demográfico motivado por la “mayor capacidad de atracción de población migrante” que tiene el Archipiélago y que permite paliar el descenso en la tasa de fecundidad, pese a que, luego, una vez en las Islas, los migrantes se convierten en uno de los colectivos más vulnerables y susceptibles de sufrir la exclusión, parece claro que los desequilibrios sociales siguen siendo notorios en Canarias, pese a que abunden los comentarios de las colas en los grandes almacenes, las dificultades para aparcar, no hay sitio en restaurantes y guanchinches, cada vez se viaja más y se siguen vendiendo coches.
Se contrastan en otros apartados del informe. Por ejemplo, en el aumento en un 2% de la desigualdad entre la población con menos ingresos y la más rica del Archipiélago. No es de extrañar, en consecuencia, que la sociedad aparezca cada vez más polarizada. La menor capacidad de ingresos de los colectivos sociales de menor renta es la razón de esa apreciable brecha que separa a los bloque sociales. El lastre de la crisis -siempre según el estudio de Foessa- ha tenido unos efectos devastadores para la ciudadanía con menos recursos: su renta se ha vista mermada hasta en un 16 %. En algunas familias o personas, estas circunstancias dejan entrever un alto riesgo de “cronificación” de la exclusión. Paradójicamente, durante aquella etapa de recesión, la renta de la población más rica aumento en un 8,3%. Si echamos un vistazo a otros elementos del escenario, concluiremos que la preocupación señalada no es a título gratuito. En el ámbito de la vivienda, el informe revela que 110.000 personas “pasaron hambre con frecuencia en los últimos 10 años o la están pasando ahora mismo”; 122.000 con discapacidad viven en hogares con barreras arquitectónicas; 300.000 canarios tienen deudas referidas a los pagos de suministro en la vivienda y 115.000 tienen domicilios “en precario”, es decir, facilitado gratuitamente por otras personas o por instituciones, realquiladas, ocupadas ilegalmente, o han sufrido amenazas de expulsión del hogar.
Queda, por tanto, mucho por hacer con tal de superar estas desigualdades, o si lo prefieren, de paliar unas diferencias que, según el informe de Foessa, se dan en todos los rincones de las Islas, donde factores como el género, la nacionalidad, la precarización del empleo o el nivel de estudios no se concentra exclusivamente en barriadas, zonas marginales o núcleos alejados, sino que pueden registrarse en cualquier lugar. Por no dejar de mencionar que esta exclusión incide también en la salud: baste decir que unas 273.000 personas han tenido abandonar tratamientos y dietas o dejar de comprar medicamentos por razones económicas.
Todo suma para que el eslogan palidezca: ya no es tanta suerte vivir aquí.