caso grúas

Anticorrupción pide ampliar cargos contra Clavijo en el caso Grúas

La Fiscalía ve carencias en el escrito de la jueza y reclama que se incluya el delito continuado de prevaricación

El senador Fernando Clavijo (CC), imputado por esta causa. Fran Pallero
El senador Fernando Clavijo (CC), imputado por esta causa. Fran Pallero

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado oficialmente una ampliación de la exposición motivada que el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna ha enviado al Tribunal Supremo, para que se haga cargo del llamado caso Grúas, decisión originada porque el hoy senador autonómico Fernando Clavijo (Coalición Canaria), que está imputado por esta causa, ha solicitado beneficiarse de su privilegio como aforado y, en consecuencia, que sea el Alto Tribunal quien entienda del mismo.

La solicitud de Anticorrupción, recogida en un escrito de 50 folios fechado el pasado día 22, desvela que, a juicio del Ministerio Público, el documento del juzgado presenta serias carencias, además de, lógicamente, no recoger en el mismo las declaraciones de los testigos llevadas a cabo con posterioridad al envío de dicha exposición razonada.

En concreto, la fiscal repasa detalladamente las diligencias practicadas y concluye que, en el texto de la jueza, se tiene que hacer referencia a un delito continuado de prevaricación o, si la magistrada no advierte indicios acerca de la presunta existencia del mismo, dictar un auto de sobreseimiento a ese respecto.

En su repaso, Anticorrupción detalla los cuatro asuntos donde se centra la controversia del caso Grúas lagunero.

El primero es que el Ayuntamiento de La Laguna, cuyo alcalde era entonces Clavijo, tenía que haber rescatado la concesión a la empresa que entonces controlaban un grupo de empresarios/trabajadores cuando se produjeron hasta cuatro (según la cuenta del Ministerio Público) incumplimientos graves de lo dispuesto en el pliego de condiciones. En realidad, bastaba con dos para que el Consistorio recuperase la concesión.

El segundo es el préstamo de 120.000 euros que se concede a dicha empresa en vez de, como marcaba la ley, retirarle la concesión ante los aludidos incumplimientos, en una actuación en la que la Fiscalía no duda en apuntar que “sin estar previsto legalmente, el Ayuntamiento actuó como una entidad bancaria”.

El tercero es que no solo no se recuperó la concesión y se les prestó el dinero, sino que además se renovó la concesión por otros cinco años a una empresa, no lo olvidemos, que podía estar incursa en una causa de caducidad, que ha tenido que ser intervenida y que mantiene deudas con la Seguridad Social y Hacienda. Solo por esas deudas está prohibido que una empresa contrate con una administración pública.

El cuarto radica en la compraventa de la totalidad de las participaciones sociales de Autogrúas Poli, que son vendidas por el primer dueño de la empresa, José Padilla, al aludido grupo de empresarios/trabajadores sin que se notifique, como era preceptivo, al propio Ayuntamiento, a pesar de que ha quedado más que claro que Clavijo, entonces alcalde, estaba al corriente de tal operación. Anticorrupción concluye que “podemos considerar que es un fraude que, a día de hoy, la persona que ostenta la concesión por el servicio de grúas no tenga nada que ver con la persona que ganó el concurso”, así como que “de facto, el Ayuntamiento de La Laguna tuvo adjudicado el servicio de retirada de vehículos de la vía pública a una empresa que tenía una considerable deuda con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social, que ninguno de sus socios tenía el título de capacitación de transporte imprescindible para poder ejercer la actividad, que los camiones-grúas no tenían tarjeta de transporte..”.

Respecto al aspecto subjetivo del delito de prevaricación (que se actúe “a sabiendas de la injusticia de la resolución que se dicta”), a nadie se le escapa que Clavijo era el concejal de Seguridad cuando se privatizó el servicio y, por ende, conocía perfectamente el pliego de condiciones, así como que, siendo alcalde, la Intervención Municipal le advirtió de que no podía conceder un préstamo a una empresa al no haber base legal para ello, ni que podía renovar la concesión a una entidad cuyo servicio ya estaba intervenido.

La Fiscalía también entiende que se cometió un delito de malversación de caudales públicos con la concesión del préstamo, sin que el hecho de que fuera devuelto en su integridad tenga mayor relevancia que, así las cosas, no exista responsabilidad civil por ello.

La fiscal pide el sobreseimiento por el supuesto tráfico de influencias

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna que se dicte auto de sobreseimiento en relación al delito de tráfico de influencias en relación con el llamado caso Grúas, al entender que “no ha quedado acreditado toda vez que la influencia de Fernando Clavijo [imputado por esta causa] no ha sido ni sobre un funcionario, ni tampoco sobre una autoridad, sino que, según se desprende de las declaraciones prestadas en sede judicial, dicha influencia se ha llevado a cabo sobre un particular, con el fin de que empleara a varias personas o para que les vendiera las participaciones de su empresa (…) Es más, ni siquiera se ha tomado declaración como investigados a los siete empleados sobre este respecto”.