La fiscal entiende que, sin los decretos de Clavijo, no habría caso Grúas

La Fiscalía Anticorrupción considera que el hoy senador autonómico, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), es el personaje clave del llamado caso Grúas, de tal modo que, sin sus acciones, no habría sido posible la imputación de los otros tres investigados por esta causa: el también exalcalde lagunero José Alberto Díaz (CC), el exedil coalicionero Antonio Pérez Godiño y la exdirectora municipal de Seguridad en la Ciudad de Los Adelantados, Rosario García.
Así se desprende del contenido de un escrito presentado en el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna por el Ministerio Público, del que ya informó en su edición de ayer DIARIO DE AVISOS, y cuyo objetivo principal es solicitar una ampliación de la exposición motivada, que la titular de dicho juzgado envió al Tribunal Supremo como parte del procedimiento fijado legalmente para que sea dicho alto tribunal el que conozca del asunto, habida cuenta que Clavijo ha solicitado beneficiarse de su privilegio como aforado, lo que ya intentó siendo presidente regional
Sin embargo, la fiscal anticorrupción provincial tinerfeña, María Farnés, también se pronuncia en dicho escrito sobre si, como consecuencia del aforamiento de Clavijo, el Supremo debe entender de todo el caso Grúas o solo en lo referente a Clavijo.

Excepción

Para esta representante del referido Ministerio Público, y a pesar de que la regla que, con carácter general, ha fijado el Supremo para estos casos, pasa por solo investigar lo que concierne al aforado. Ello es imposible en este caso dado, pues el también exalcalde lagunero es el personaje clave de todo lo acaecido con el servicio municipal lagunero de retirada de vehículos.
En concreto, el escrito apunta que “entiende el Ministerio Fiscal que existe una íntima conexión en la presunta dinámica comisiva de los delitos investigados, toda vez que, sin los decretos expedidos por Fernando Clavijo (…) solventando los reparos formulados por el interventor municipal, José Alberto Díaz y Antonio Pérez Godiño no hubiesen podido dictar los decretos relativos a la concesión del préstamo y a la prórroga del contrato, respectivamente”.
En cuanto a la cuarta investigada, Rosario García, señala la fiscal que “cabe entender que la conducta llevada a cabo por la funcionaria que elaboró los informes en los que se basó Clavijo para dictar los decretos respectivos, y por la que se ha declarado como investigada en las presentes actuaciones, debe entenderse como cooperadora necesaria para la comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos (…) y por tanto íntimamente ligada con la conducta de la persona aforada”.

Decide Madrid

Sea como fuere y como ya adelantó en su día este periódico, en todo caso es el Tribunal Supremo el que decidirá finalmente si entiende de todo el caso Grúas y solo de la parte que concierne al aforado, que, como se ha dicho, no es otro sino Fernando Clavijo.