Lo adelantó DIARIO DE AVISOS y ayer lo confirmó el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín (PSOE): ni Radio Club Canarias ni Alfredo Moré Silva, el particular al que finalmente se abonó más de medio millón de euros por el concierto de Juan Luis Guerra y Orishas, acreditaron debidamente tener la “exclusividad artística” del reconocido artista dominicano.
Aunque la exconcejala de Fiestas, Gladis de León (Coalición Canaria), ha sostenido lo contrario públicamente, lo más parecido a una justificación es una carta rubricada por el propio Alfredo Moré Silva. Bastan unas pequeñas dosis de sentido común para entender que, obviamente, una misiva en la que el propio interesado dice estar en posesión de tal “exclusividad artística”, no acredita absolutamente nada. Como recordó un reconocido penalista consultado por este periódico, dicha carta de Moré no tiene más valor que “una mera manifestación de voluntad propia, sin ninguna fehaciencia de lo que dice manifestar”.
Tal ausencia de acreditación contamina negativamente todo el expediente, habida cuenta que ese y no otro es el motivo por el que se lleva a cabo a través de un procedimiento sin publicidad y por la vía de urgencia. O, lo que es lo mismo, a dedo.
No en balde, es el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el que invita a Moré Silva (aunque, como es sabido, hay dos documentos, y en el otro, finalmente desechado, se invita a Radio Club Tenerife) a participar en la contratación.
Otro dato nada baladí, confirmado por José Ángel Martín en sus declaraciones InterRadio Tenerife, es que en el Ayuntamiento no hay más papeles sobre este respecto (aunque en este asunto vaya usted a saber si aparecen más contratos fantasma). El resultado es demoledor, dado que la Corporación capitalina pagó la mitad, un cuarto de millón de euros, a un particular del que no tenía constancia oficial de estar en posesión de la tantas veces citada “exclusividad artística”, y lo hizo prácticamente un mes antes de celebrarse el concierto. Cierto es, por el contrario, que el otro cuarto de millón de euros se pagó cuatro días después de que Juan Luis Guerra alegrase a la multitud que se aglomeró aquel 9 de marzo durante el Carnaval de Día.
Si a estas irregularidades, que se antojan evidentes, se le suma el desfase existente entre los dos expedientes, cercano a los 90.000 euros, pocas dudas existen en que, como ya alertó el concejal de IU y líder de Unidas Podemos en la capital tinerfeña, Ramón Trujillo, todo este asunto termine sobre la mesa de la fiscal anticorrupción provincial, María Farnés Martínez-Frigola.
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