Caso Grúas

Piden que el Ayuntamiento de La Laguna sea parte perjudicada

La acusación popular que impulsa Avante La Laguna presenta un escrito para que el juzgado que investiga el caso Grúas ofrezca personarse a la Corporación local

El presidente de Canarias en funciones, Fernando Clavijo, tras declarar como imputado en el caso Grúas. Fran Pallero
El ex presidente de Canarias en funciones, Fernando Clavijo, tras declarar como imputado en el caso Grúas. Fran Pallero

La acusación popular que impulsa el grupo municipal de Avante La Laguna ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción Número Dos de la Ciudad de Los Adelantados, para que este ofrezca al Ayuntamiento de dicha localidad tinerfeña que pueda personarse en el procedimiento que se sigue a cuenta del llamado caso Grúas.

Para justificar dicho ofrecimiento, la representación legal Avante La Laguna, que ejerce la abogada tinerfeña Sandra Rodríguez, cita el artículo 776 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dicho artículo está incardinado en el Capítulo dedicado a las Diligencias Previas y está destinado a que “el ofendido y el perjudicado” sea informado sobre sus derechos, incluso, como recoge su apartado segundo, cuando el procedimiento ya haya comenzado, como es el caso”.

En consecuencia, el escrito de la referida acusación popular considera que “se lleve a cabo el ofrecimiento de acciones al Ayuntamiento de La Laguna en calidad de perjudicado por los delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias por los que se instruye la presente causa”.

Así las cosas, dicho escrito concluye solicitando al juzgado que, “teniendo por presentado este escrito con sus copias, se sirva admitirlo y en virtud de las manifestaciones en él contenidas se acuerde llevar a cabo el ofrecimiento de acciones al Ayuntamiento de La Laguna en calidad de perjudicado por los delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias por los que se instruye la presente causa”.

En concreto, el caso Grúas investiga tres decretos municipales, por los que se prestaron 120.000 euros y se prorrogó la concesión a una empresa que, por aquel entonces (2014), controlaban una mayoría de empresarios afines al entonces alcalde y hoy imputado por esta causa, Fernando Clavijo (Coalición Canaria). Dos de dichos decretos fueron rubricados por el propio Clavijo, mientras que el tercero lleva la firma del exconcejal de CC, Antonio Pérez Godiño, también investigado por este procedimiento, si bien, en honor a la verdad, firmó dicho decreto, porque quien debía dar el visto bueno era el entonces concejal de Seguridad Ciudadana José Alberto Díaz (CC), que se encontraba de vacaciones. Díaz también está imputado.

El caso Grúas, del que DIARIO DE AVISOS informa detalladamente a sus lectores desde 2016, arrancó por la denuncia de unos trabajadores del servicio municipal de grúas, que fueron despedidos tras negarse a trabajar en un depósito municipal donde, presuntamente, los empresarios afines a Clavijo desmontaban piezas de los vehículos retirados por las grúas laguneras, para venderlas por Internet. Estos hechos también fueron investigados por otro juzgado, el de Instrucción Número 4 de La Laguna, pero que ha terminado archivando a pesar de haber constatado la existencia de indicios delictivos. A raíz de la denuncia de los trabajadores aludidos, los grupos municipales de Avante La Laguna y Unid@s se puede, presentaron otra en el Número 2 sobre la vertiente política del caso, lo que ha derivado en el proceso que hoy nos ocupa.

Para defenderse de las acusaciones, Clavijo no dudó en aprovechar los privilegios que le concedía su condición de aforado cuando era presidente del Gobierno de Canarias, pero la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía felizmente terminó con este arcaico trato de favor en la Comunidad Autónoma canaria.

Sin embargo, su condición de imputado y la calamitosa gestión de los pactos postelectorales por parte de Coalición Canaria, hicieron que Clavijo fuera relevado en la Presidencia del Ejecutivo regional por el socialista Ángel Víctor Torres. Así las cosas, se autoimpuso en su partido para ser elegido como senador autonómico y volver a ser, de nuevo, aforado, reivindicando, otra vez, tal privilegio para que sea el Tribunal Supremo el que se ocupe del caso Grúas.