La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, ordenó en la mañana de ayer la incoación de un expediente de información, reservado para analizar las actuaciones realizadas por el Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, en relación al concierto de Juan Luis Guerra de los pasados Carnavales, y que junto al de Orishas, costó algo más de 500.000 euros, que fueron abonados a un particular, tal y como adelantó DIARIO DE AVISOS. En realidad, Hernández alude a las informaciones publicadas como causa que ha provocado esta investigación interna.
El controvertido expediente será revisado por un alto funcionario del consistorio -hay seis legalmente habilitados en la corporación-, que será quien determine si hay irregularidades, derivadas de la existencia de dos pliegos de contratación, y la adopción de las medidas oportunas, entre las que no se excluye poner todo el asunto en manos de la Justicia, tal y como apuntó el segundo teniente de alcalde, José Ángel Martín.
En cuanto a quién será el instructor de esta investigación interna, el principal candidato es el Oficial Mayor municipal, Francisco Clavijo, aunque no se puede descartar aún a la vicesecretaria municipal, Ángeles Negrín, o al tesorero, Leonardo Pérez Rodríguez.
designación
En todo caso, será el concejal de Gobierno de Hacienda, Recursos Humanos y Patrimonio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Sabaté (PSOE), quien finalmente designe al instructor.
Sea quien fuere finalmente el elegido, lo cierto es que sus tareas están claras. Lo primero que tendrá que hacer es revisar el expediente, para posteriormente citarse con todos los funcionarios que hayan intervenido de una u otra manera en el mismo para, finalmente, redactar un informe en el que, como se recoge en el Decreto dictado ayer por la alcaldesa, “determinar, en su caso, la posible existencia de irregularidades, así como proponer, si así se estima, la adopción de las medidas pertinentes”.
Sobre el tiempo que pueda durar esta investigación interna, las fuentes consultadas apuntan a que se pretende actuar con la mayor brevedad posible, pero que, en todo caso, se confía en que el informe del instructor esté terminado antes de que transcurra un mes desde el inicio de los trabajos.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas