caso grúas

La jueza lagunera continuará con el caso Grúas hasta que se pronuncie el Supremo

El Juzgado rechaza el enésimo intento de Clavijo por anular las declaraciones de testigos clave como Padilla y los extrabajadores a los que no se les pagaba; las defensas se oponen al nuevo escrito de Anticorrupción
El expresidente de Canarias y hoy senador, Fernando Clavijo, tras declarar como imputado en el caso Grúas. Fran Pallero
El expresidente de Canarias y hoy senador, Fernando Clavijo, tras declarar como imputado en el caso Grúas. Fran Pallero
El expresidente de Canarias, Fernando Clavijo. Fran Pallero

La titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna aclaró ayer que seguirá investigando el llamado caso Grúas hasta que el Tribunal Supremo no se pronuncie sobre si finalmente se hace cargo de estas diligencias, tal y como ha solicitado uno de los imputados, el hoy senador autonómico Fernando Clavijo (Coalición Canaria), quien pretende así beneficiarse de sus privilegios como aforado.

Así lo aclaró nuevamente la magistrada Celia Blanco en un auto, comunicado ayer a las partes con fecha del mismo día, cuya copia obra en poder de DIARIO DE AVISOS.

En realidad, dicho auto no es más que la enésima vez en que la Justicia desbarata la intención de Clavijo para que se anulen (o, en su día, que ni siquiera llegasen a ser citados como testigos) las declaraciones prestadas el mes pasado por personas que se consideran claves para esta investigación, como son el primer dueño de la concesionaria, José Padilla, o varios de los extrabajadores de la empresa a los que dejaron de abonarles sus nóminas cuando un grupo de sus compañeros (la mayoría afines al propio Clavijo) se hicieron con el control de dicha empresa.

En el auto, la jueza recuerda que “las diligencias acordadas lo vienen siendo por orden de la Audiencia Provincial, en virtud de recursos interpuestos ante su delegación”.

“De igual modo -continúa el auto-, en tanto y en cuanto el alto tribunal no se manifieste, este órgano judicial sigue siendo competente para seguir instruyendo la causa, pues no solo está investigado Fernando Clavijo, sino también otros que no gozan del aforamiento; y a título solo de ejemplo y por analogía, cuando Fernando Clavijo era aforado como presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias y se elevó la Exposición Razonada al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, no se interrumpió la instrucción de la causa”, argumenta la referida magistrada en su decisión de ayer.

Así las cosas, el Juzgado lagunero rechaza el recurso de reforma presentado por el abogado de Clavijo (José Antonio Choclán, uno de los letrados más famosos y caros de España), una decisión ante la que cabe recurso de apelación en la propia Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Precisamente, y en relación a esa presencia, en este caso de investigados que están aforados (Clavijo) y que no lo están (el exalcalde lagunero José Alberto Díaz y el exedil Antonio Pérez Godiño, ambos también de CC, y la exdirectora municipal de Seguridad, Rosario García), el abogado de Clavijo se pronunció ayer contrario a que se adopte en el juzgado lagunero la decisión de que sea el Supremo quien continúe la investigación en su conjunto o solo en lo referente al expresidente, dado que considera que debe ser el alto tribunal quien resuelva a ese respecto.

Como era de prever, tanto la defensa de Clavijo como la de José Alberto Díaz y la de Pérez Godiño han rechazado el escrito enviado por la Fiscalía Anticorrupción, por el que se pretende ampliar la exposición razonada que la jueza lagunera ya envió al Tribunal Supremo, sin que este se haya pronunciado sobre la misma.

En dicho escrito, la Fiscalía propuso incluir en dicha exposición las declaraciones de Padilla y los extrabajadores aludidos, así como dictar auto de sobreseimiento sobre la acusación por tráfico de influencias y considerar la de prevaricación por una de delito continuado en la misma.

Resta recordar que en el caso Grúas se investiga un préstamo de 120.000 euros y una prórroga en la concesión de las grúas municipales a una empresa a la que, presuntamente, debía haberse retirado la concesión dados sus incumplimientos.

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