Un juzgado de instrucción de Arona investiga, desde hace meses, una presunta trama de la que varios empresarios canarios habrían sido víctimas de posibles delitos de estafa y asesoramiento desleal.
Son varias las personas y entidades imputadas en el marco del referido procedimiento penal. Según fuentes consultadas por DIARIO DE AVISOS, entre los investigados figuran dos socios de un prestigioso bufete de abogados de ámbito nacional vinculados a la delegación en Las Palmas de Gran Canaria.
Las circunstancias son muy similares en todos los casos y afectan a conocidos empresarios canarios que, en los peores momentos de la crisis económica, se vieron abocados a ponerse en manos del conocido bufete, con el objetivo de reestructurar sus compañías y tratar de evitar, de ese modo, la quiebra de sus empresas.
En ese contexto, uno de los socios de la firma en Las Palmas habría impuesto la contratación de una sociedad ajena a dicho bufete, radicada en Canarias, en condición de “asesoría financiera”.
Posible amenaza
Al parecer, esta contratación se habría impuesto como condición para contar con los servicios del bufete de abogados, incluso, bajo la amenaza de frustrar las operaciones de reestructuración pretendidas con distintas entidades financieras.
La investigación judicial persigue aclarar, además, si la dirección del prestigioso bufete en Madrid era conocedora de estos supuestos negocios paralelos, promovidos, presuntamente, por uno de sus representantes en Canarias.
Según fuentes de la investigación, la forma de operar de los investigados habría desembocado en la imposición a las víctimas de la presunta estafa de minutas desproporcionadas por parte de la consultoría canaria, de la que sería administrador único una persona estrechamente ligada al socio del despacho en Las Palmas del bufete nacional.
Ganar confianza
Al parecer, esta persona usaba ocasionalmente las instalaciones de dicho bufete de abogados, pretendiendo así ganarse la confianza en su relación con los empresarios afectados.
También se investigan contratos de prestación de servicios abusivos, que habrían sido redactados siguiendo instrucciones del investigado, en perjuicio de sus clientes y de su propio bufete, lo que evidenciaría un manifiesto conflicto de interés.
Todo ello, podría dar lugar a la eventual responsabilidad del propio bufete, además de la de las personas físicas implicadas.
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