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El juez rechaza el recurso de Alonso contra la censura y confirma a Martín como presidente del Cabildo

El grupo de Gobierno de la Corporación tinerfeña valora que la sentencia judicial deja al descubierto la estrategia “lamentable y chapucera” de CC para impedir que el PSOE accediera a la Presidencia
Carlos Alonso (CC) y Pedro Martín (PSOE). Sergio Méndez
Carlos Alonso (CC) y Pedro Martín (PSOE). Sergio Méndez
Carlos Alonso (CC) y Pedro Martín (PSOE). Sergio Méndez

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Santa Cruz de Tenerife confirmó ayer la legitimidad de la elección de Pedro Martín (PSOE) como presidente del Cabildo, en la moción de censura debatida el pasado 24 de julio de 2019, y desestimó el recurso interpuesto contra la misma por el equipo de Coalición Canaria (CC) en el Cabildo de Tenerife y les impuso las costas procesales.

En el recurso de CC contra la moción de censura al entonces presidente de la Corporación insular, Carlos Alonso (CC), se afirmaba la supuesta incompatibilidad del consejero de Sí Podemos David Carballo para votar durante dicho procedimiento, lo que carecía de fundamento, según la sentencia a la que tuvo ayer acceso en exclusiva la web de DIARIO DE AVISOS.

La letrada Sandra Rodríguez fue la encargada de defender las tesis de los consejeros del PSOE en la Corporación insular en la demanda interpuesta por el expresidente de la Corporación insular, Carlos Alonso.

El Grupo Nacionalista sostenía que cuando Carballo se sumó a la presentación de la moción de censura tenía una relación laboral con el Cabildo, concretamente, con el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, por lo que incurría en causa de incompatibilidad.

Sin embargo, la sentencia recoge que el consejero de Sí Podemos, con anterioridad a la sesión constitutiva del Cabildo, presentó un escrito dirigido al Pleno de la Corporación en el que puso en conocimiento su situación de incompatibilidad y la concesión en su caso del plazo de diez días para optar a uno u otro cargo, y que también, antes de la celebración del citado debate y votación de la censura, acreditó por escrito su decisión de acogerse a la excedencia forzosa y ejercer como consejero insular.

En este sentido, el juez considera que Carballo cumplía con toda la legitimidad cuando votó durante la censura porque ya había notificado su decisión dentro de los plazos establecidos.

La sentencia también desestima el argumento de CC en materia de tutela de derechos fundamentales contra los acuerdos adoptados el 24 de julio por la Mesa de Edad y por el Pleno del Cabildo.

Según declaró a este periódico el grupo de Gobierno del Cabildo, “el juez ha sentenciado que no es un derecho fundamental que Carlos Alonso sea presidente del Cabildo y la sentencia ha dejado al descubierto la estrategia lamentable y chapucera por parte de CC, que no intentaba en ningún caso defender la legalidad de nada, sino impedir que el PSOE, empatado con CC a número de consejeros, pudiera gobernar”.

“Actuación de vergüenza”

La tesis defendida por CC en este recurso formó parte, según fuentes del nuevo Gobierno insular, de la “estrategia” del Grupo Nacionalista para aplazar el polémico pleno de la moción de censura en la Corporación insular, que desalojó a CC de la presidencia del Cabildo tras más de 30 años en el poder .

Fue la presidenta de la Mesa de Edad, Juana María Reyes (CC), quien intentó frenar la presentación de la moción con el mismo argumento recogido en el recurso: que uno de los firmantes de la misma, David Carballo (Sí Podemos), se encontraba suspuestamente en situación de incompatibilidad por su relación laboral con la empresa del propio Cabildo, Parque Científico y Tecnológico de Tenerife.

El portavoz de CC por aquel entonces, Alberto Bernabé, reconoció que tal incompatibilidad era fácilmente subsanable, pero pidió en nombre de su grupo la nulidad de la moción. Sin embargo, el secretario de la Corporación informó jurídicamente sobre el asunto, avalando la compatibilidad de Carballo. Pese a esto, Reyes siguió defendiendo que ambos informes eran contradictorios.

Por su parte, los asesores legales del PSOE sostuvieron que la presidenta de la Mesa cometía un presunto delito de prevaricación agravado y contra el ejercicio de los derechos fundamentales, llegando a afirmar el dirigente estatal de los socialistas, Héctor Gómez, que el PSOE se querellaría contra Reyes si esta aplazaba el debate de la moción. Gómez valoró que la situación era “de vergüenza”.

Comunicado de CC

Los nacionalistas confirmaron ayer haber recibido la sentencia del recurso interpuesto ante lo que consideran “la vulneración de los derechos fundamentales” de sus consejeros “por la flagrante incompatibilidad” de Carballo durante la moción. Además, comunicaron que han trasladado la sentencia a sus servicios jurídicos para que valoren la misma y establezcan las actuaciones a realizar.

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