La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Tribunal Superior de Justicia de Canarias condenó al Servicio Canario de la Salud (SCS) a indemnizar con 20.407,82 euros, más los intereses legales, a los padres de un recién nacido que sufrió un daño en la vejiga tras el defectuoso funcionamiento de un resectoscopio. Esta sentencia estima parcialmente el recurso de apelación presentado por la Consejería, ya que el menor no presenta secuelas en la actualidad y revoca la inicial, en la que debía abonar 156.153 euros.
Jaroy nació prematuramente en el Hospital de La Palma el 8 de agosto de 2015. Los doctores vieron que no orinaba, originándole una dilatación de la vejiga a causa de la obstrucción en la uretra. Tras sondar al recién nacido, lo derivaron al Hospital Universitario de La Candelaria.
El 19 de agosto fue operado con un citoscopio-resectoscopio que le produjo un “desgarro de uretra a nivel bulbar-peneano” a causa de “un funcionamiento anómalo accidental” suspendiéndose la intervención y quedando el bebé con una sonda vesical. Posteriormente, en una prueba de control, se observó una fístula uretral causada por este incidente, que mejoró con el tiempo, y la eliminación de los restos de las válvulas uretrales. Jaroy recibió el alta el 19 de octubre y volvió a La Palma. En un posterior control, en abril de 2016, ingresó para una cistoscopia que apreció “la totalidad de la uretra reconstituida, sin lesión en todo su trayecto”.
Los padres Jordi Rodríguez y Alicia Pérez reclamaron en el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Los Llanos la responsabilidad por daños y secuelas de esta “asistencia sanitaria defectuosa”, tras el error del aparato que causó el daño en la vejiga de su recién nacido. El fallo fue favorable y debieron recibir una indemnización de 137.706 euros a favor. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias estimó parcialmente el recurso de apelación del SCS y declaró una indemnización de 20.407,82 euros más los intereses legales.
El SCS reconoce que durante la intervención se generaron lesiones al menor “debido a una avería del aparato quirúrgico”, pero existió una completa curación tanto de su enfermedad congénita como de la lesión uretral producida por el “funcionamiento anormal” del aparato quirúrgico, como así lo ratificaron los informes periciales “por lo que puede hacer vida normal”.
Alicia recuerda que “cuando salió del quirófano, el cirujano nos dijo que se había trabado el instrumento y le rajó la uretra”. Tras pedir la documentación e investigar el instrumental con el que le operaron, averiguó que “ya había tenido problemas días antes y, una vez arreglado, operaron a mi hijo y volvió a fallar”. Además, afirmó que el instrumental “no era para niños prematuros, era para mujeres, y le pusieron un adaptador”. Tras interponer la denuncia, “el Hospital de La Candelaria lo cambió”.
Contrariada por esta resolución judicial del Contencioso-Administrativo, señaló que “no pueden afrontar un nuevo proceso de casación”, y lamentó la injusticia que supone que las autoridades sanitarias y la justicia “no me den una solución. Necesito que me respalden, Jaroy todavía tiene cuatro años, pero cuando sea adolescente puede que no se le levante el pene o pueda eyacular. Ojalá no tenga secuelas, será una incertidumbre importante”, relató.
Enfermera de profesión, Pérez señala que actualmente su niño orina “sin fuerza, como si no tuviera ganas. Habría que hacerle una citoscopia, es decir, llevarlo otra vez al quirófano y no quiero que sufra este proceso otra vez tan pronto”. Próximamente deberá operarse de fimosis, ya que es normal por las infecciones que tiene cuando orina”.
Por último, denunció al DIARIO DE AVISOS la falta de tacto del Servicio Canario de Salud “que inicialmente me ofreció 10.000 euros para que me callara la boca y no siguiera adelante con el proceso judicial”, y se apenó por la “insensibilidad de los jueces”. “Desde que vea que la salud de mi hijo no va bien, seguiré denunciando”, finalizó.
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