La Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias informó ayer de que las familias con menores a cargo y sin ingresos ya pueden volver a solicitar la Prestación Canaria de Inserción (PCI) -hasta ahora estaba limitada a 24 meses-, en virtud a los cambios introducidos en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de este año y que dotan a esta ayuda con más de 80 millones de euros. Así, podrán acceder de nuevo a la PCI las familias que estén en situación de vulnerabilidad, no tengan derecho a otra prestación (como paro, subsidio o pensión) y dejaron de cobrar esta ayuda en algún momento entre 2007 y 2019. Del 1 de enero al 31 de marzo la podrán solicitar las familias que tengan dos o más menores a cargo y a partir del 1 de abril, cualquier familia con menores a cargo.
Los trámites se realizarán en los ayuntamientos del municipio en los que resida la familia. La Dirección General de Derechos Sociales ha destinado este año 8,7 millones de euros, lo que supone un incremento de cerca de dos millones de euros respecto a 2019, para que los ayuntamientos refuercen sus plantillas y se implementará un plan de choque para incrementar la plantilla del Gobierno que se ocupa de la tramitación de los expedientes de personas solicitantes de la PCI.
“Con las cifras tan altas de pobreza en Canarias, con casi un 40% de la población en exclusión social, entendemos que es esencial ampliar el número de familias que se acogen a la PCI como paso previo a la aplicación de la Renta Ciudadana”, declara Jonás González, director general de Derechos Sociales. El objetivo de esta modificación es llegar a unas 10.000 familias, casi el doble que en la actualidad.
La Prestación Canaria de Inserción (PCI) es una ayuda económica para facilitar la integración social, recogida por ley y que otorga el Gobierno de Canarias. Las personas en situación de vulnerabilidad social pueden acceder a ella cuando no cuentan con ningún otra ingreso (paro, subsidio o pensión).
Actualmente, la PCI la perciben 6.454 unidades de convivencia, con un alcance de 11.000 personas. Para 2020, el importe de la cuantía básica mensual será de 486,90 euros y los complementos variables tendrán las siguientes cuantías, en función de los miembros que formen la unidad de convivencia y acepten participar en los programas específicos de actividades de inserción: 64,06 euros (2 miembros), 115,32 euros (3), 147,36 euros (4); 172,98 euros (5) y 192,2 euros (6).
El Consejo de Ministros aprobó el 29 de noviembre un real decreto con una subvención de 18 millones de euros a Canarias destinados al Programa de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. “Este decreto habla a las claras de la necesidad de cooperación entre las administraciones públicas para dar respuesta a las personas más necesitadas”, manifestó González. La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, se había reunido a finales de octubre con la ministra en funciones de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo.
El 4 de septiembre, las consejerías de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y la de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud avanzaron en los preparativos de la renta ciudadana. Román Rodríguez y Noemí Santana, respectivamente, coordinaron los trabajos previos a la elaboración de la futura ley de renta ciudadana. Rodríguez apuntó que lo que se quiere es “reafirmar la voluntad de implantar el próximo año la renta ciudadana, un gran objetivo de este Gobierno para el que hemos empezado a coordinar esfuerzos de cara a preparar el proyecto de ley” y Santana anunció “la cuenta atrás para implantar la renta ciudadana que tanto necesita esta tierra”. En paralelo, acordaron reprogramar, a instancia de los cabildos, el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, de modo que se amplía la previsión plurianual de ejecución con garantías de financiación.
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