El caso Grúas ha sido remitido por el Juzgado número 2 de La Laguna al Tribunal Supremo, tal como estaba previsto tras pasar Fernando Clavijo, su principal imputado, a la condición de aforado desde que se incorporó al Senado tras las pasadas elecciones de mayo. Clavijo se enfrentará, de este modo, al Supremo sin opción a recurso ante una posible sentencia condenatoria. Esta circunstancia, conocida de antemano por los investigados, es la contrapartida a los aforamientos de que gozan los parlamentarios nacionales y que, en el caso del Parlamento de Canarias, han sido eliminados tras la última reforma del Estatuto de Autonomía.
El caso Grúas entra así en una fase decisiva, ante una instancia con larga tradición en la persecución de presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias, y se inserta a sí mismo en el mapa de la corrupción española, una vez en manos del Supremo. La proyección nacional desde ahora de un caso que ha venido siendo instruido por un juzgado lagunero, es indudable, después de más de un lustro de estar circunscrito a un ámbito local.
La jueza titular del citado juzgado que ha venido instruyendo el caso accede de este modo a la petición formulada por la Sala Segunda del Supremo, habiéndole remitido la causa en su integridad. Ahora, dicha sala del Supremo deberá decidir si asume la totalidad del caso Grúas o si considera pertinente que los imputados no aforados (José Alberto Díaz, Antonio Miguel Pérez -Godiño y Rosario Hernández Eugenio) continúen siendo investigados por la justicia ordinaria en Tenerife como hasta ahora. La jueza no ha atendido a la petición, tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de la acusación popular, para que ampliara su exposición razonada, enviada en su día al Supremo, ya que se echaban en falta en la misma aspectos sustanciales del caso. Será el Supremo el que ahora, tal como estaba previsto, decida cada uno de los extremos pertinentes, a la hora de proceder contra Clavijo, ya que al examinar la totalidad del caso conocerá todos sus pormenores y podrá requerir las medidas oportunas.
La letrada Sandra Rodríguez, en representación de la acusación popular planteada por el concejal Santiago Pérez y otros dos ediles de su anterior grupo político XTF-NC, adelantó a DIARIO DE AVISOS su intención de solicitar al Supremo la lógica separación de la investigación referida a aquellas personas no aforadas, como son los casos del exalcade lagunero José Alberto Díaz, el exedil Pérez-Godiño y la técnico Rosario Hernández Eugenio.
La misma letrada dijo confiar en que el Supremo compruebe que la causa se refiere, no exclusivamente a la concesión irregular de un préstamo autorizado por Clavijo a la empresa concesionaria del servicio de grúas, sino, además, a otros presuntos actos contrarios a la legalidad, como advirtió el interventor municipal, que provocó el levantamiento de reparos por parte de los implicados a la hora de, no solo conceder el citado préstamo (120.000 euros), sino de conceder una prórroga de cinco años a la empresa adjudicataria. Como hacen ver los denunciantes, desde que en 2014 fue intervenida la empresa por el Ayuntamiento de La Laguna por las “graves irregularidades” detectadas, la concesión debió ser resuelta, como establece la intervención, y no prorrogada y dotada del citado préstamo.
Como ha venido informando DIARIO DE AVISOS desde el primer día, esta causa sufrió altibajos a su paso por la justicia ordinaria. La titular del juzgado lagunero decidió, incluso, archivar el caso, y debió desarchivarlo por decisión de la Audiencia Provincial. Posteriormente fueron imputados el exalcalde lagunero Díaz, y el exedil Pérez Godiño, tras lo cual lo fueron el expresidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo y la citada técnico Hernández Eugenio. Desde entonces la defensa de Clavijo ha tratado por todos los medios de evitar que la justicia ordinaria siguiera adelante con la investigación, procurando sin éxito que la causa fuera asumida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Una vez fracasados dichos intentos, Clavijo optó por ocupar la plaza de senador autonómico que le concede el aforamiento (no así su condición de diputado regional, después de que el Estatuto de Autonomía suspendiera el aforamiento de los parlamentario de las Islas). En el momento actual, el Supremo tendrá la oportunidad de adentrarse en este proceloso caso en el que está personada la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares. Las defensas de estas últimas seguirán su labor ante el Supremo, con el fin de que se practiquen las pruebas pendientes. Una vez que el Supremo considere oportuno solicitará el correspondiente suplicatorio al Senado para proceder en relación con los presuntos delitos cometidos por el expresidente canario Fernando Clavijo, que deberá responder por actos cometidos en su etapa de exconcejal y exalcalde lagunero
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