La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Teresa Cruz Oval, admitió ayer que las demandas planteadas por los inspectores de salud pública son “justas” y se tratarán de resolver “lo antes posible”, si bien ha negado que haya riesgos de salubridad en el transporte de las muestras. A este respecto cabe recordar que los inspectores afirman, tal y como informó el pasado miércoles DIARIO DE AVISOS, que han llegado a portar muestras potencialmente patógenas (que causa o produce enfermedad) en las guaguas de transporte público de las Islas.
En declaraciones a los periodistas recogidas por Europa Press, Cruz atribuyó las críticas de la asociación de inspectores a “generar presión”, pero subrayó que las pruebas que van en transporte público, como ha ocurrido con las del coronavirus, por ejemplo, se llevan “precintadas” y no presentan “ningún riesgo” para la salud.
La consejera regional de Sanidad comentó igualmente que se busca “una vía de solución” a un problema generado a los largo de los últimos 20 años , y avanzó que harán “gestiones” para ayudar a que se logre el cambio de nivel “para pagarles complementos” aunque no es responsabilidad directa de su departamento.
Curiosamente, tras negar que existan riesgos en el transporte de muestras, Teresa Cruz comentó, en cambio, que se les va a conceder que tengan vehículos públicos para mejorar su movilidad y equipos de protección.
A buen seguro que dicha propuesta tendrá lugar en la reunión convocada a primera de hoy entre los responsables de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y los portavoces de la Asociación de Inspectores de Salud Pública tras la denuncia pública referida.
Fuentes de dicha asociación manifestaron anoche a este periódico su predisposición a tratar los problemas de este colectivo con la Consejería, a la par que celebraron que se les escuche tras años de reivindicaciones sin respuesta gubernamental.
Por citar algunas de las denuncias, más allá del tema del transporte, el secretario de dicha asociación, Luis Piñero, desveló que actualmente operan 125 inspectores en la sanidad pública para abordar los 2,2 millones de residentes canarios y los millones de visitantes anuales. Una relación que considera baja, que se mantiene desde hace 20 años y que tampoco tiene en cuenta bajas médicas, jubilaciones o incluso defunciones. La relación media ideal es de un inspector sanitario cada 12.000 habitantes y en Canarias está situada en uno por cada 25.000 canarios, añadió Piñero. Para hacerse una idea de lo que ello supone, cabe recordar que Aragón, con 1,3 millones de habitantes, cuenta con 217 inspectores.
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