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La falta de medios obliga a llevar en la guagua muestras potencialmente patógenas

Los inspectores de Salud Pública en Canarias denuncian unas pésimas condiciones laborales: “Aquí somos la mitad de la media en toda España”
Los inspectores se ven forzados a cambiarse en un banco de la calle antes de tomar muestras para los análisis. DA
Los inspectores se ven forzados a cambiarse en un banco de la calle antes de tomar muestras para los análisis. DA
Los inspectores se ven forzados a cambiarse en un banco de la calle antes de tomar muestras para los análisis. DA

“Es verdad; en no pocas ocasiones nos vemos obligados a transportar muestras potencialmente patógenas [que causa o produce enfermedad] en una guagua pública; los inspectores trabajan sin los equipos de protección”. La inquietante denuncia fue proferida ayer por el portavoz de la Asociación de Inspectores de Canarias, Jafet Nonato, en declaraciones realizadas a DIARIO DE AVISOS tras un encuentro con los medios en el que denunciaron públicamente las carencias por las que atraviesa este colectivo. Estas se producen tanto respecto a medios humanos como a los materiales y aseguran padecerla desde hace años, pero sostienen que solo reciben la “callada por respuesta” desde el Gobierno regional, a pesar del riesgo cierto que esta situación supone para la salud pública en el Archipiélago.

Respecto a los medios humanos, el secretario de dicha asociación, Luis Piñero, detalló a Efe que actualmente operan 125 inspectores en la sanidad pública para abordar los 2,2 millones de residentes canarios y los millones de visitantes anuales. Una relación que considera baja, que se mantiene desde hace 20 años y que tampoco tiene en cuenta bajas médicas, jubilaciones o incluso defunciones. La relación media ideal es de un inspector sanitario cada 12.000 habitantes y en Canarias está situada en uno por cada 25.000 canarios, añadió Piñero.

Para hacerse una idea de lo que ello supone, citó dicho portavoz a otras comunidades como Aragón, con 1,3 millones de habitantes, que cuenta con 217 inspectores; Castilla-La Mancha (dos millones de habitantes), dispone de 388; o Castilla y León, en la que hay 524 inspectores para una población similar a la de las Islas.

En cuanto a los medios materiales, la situación tampoco es tranquilizante, a tal punto que, según denunciaron ayer tanto Nonato como Piñero, las medidas de protección individual establecidas en Tenerife en 2011 no llegaron a los propios inspectores y no se han renovado desde entonces.

Especialmente sangrante es el asunto del transporte, dado que se ven forzados a utilizar su vehículo particular o, como se ha dicho, el transporte público para trasladarse a las zonas por inspeccionar y transportar muestras “contaminadas o potencialmente contaminadas”, lo que supone, además, que las inspecciones solo se realicen en “zonas próximas”.

También reivindicaron que se les reconozca la Carrera Profesional recogida en la ley Nacional 44/2003 por ser autoridades sanitarias, “una de las grandes deudas con este colectivo”.

Ojo al cloro

Entre los hechos denunciados, destaca igualmente que la vigilancia de cloración del agua destinada al consumo humano no se está realizando en la mayoría de municipios y de centros privados, entre otros casos.

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