Una respuesta migratoria ante desafíos, prejuicios y derechos

Sábado, 9:15 de la mañana, en un bar del Polígono Padre Anchieta, uno de los barrios obreros de La Laguna. Hace un poco de frío en la terraza, pero no demasiado si uno tiene ganas de fumarse un cigarro. Junto a la puerta del bar, un par de hombres que deben estar en la cuarentena protestan: “Este Gobierno socialista acoge a todo el mundo que viene de fuera”, afirma uno con voz quebrada. El resto asiente. Allí nadie estaba en desacuerdo.

Ese mismo día en que prendía otro ejemplo de discurso antimigratorio, una nueva patera era rescatada por un mercante a 800 kms de El Hierro después de varios días a la deriva. Había 20 personas. Uno murió. A 500 kms de El Hierro llegaron dos helicóteros y trasladaron a siete de ellos a esa isla y a una mujer a la Residencia de Las Candelaria, en Tenerife. Murió por una deshidratación demasiado grave. Según la ONG Caminando Fronteras, podrían ser los migrantes de una embarcación que inició su viaje el pasado 25 de enero con 28 personas a bordo.

Unos 850 migrantes han llegado a Canarias en lo que va de año. Un aumento importantísimo respecto a los 40 que habían llegado a finales de enero de 2019. Al menos cuatro han muerto ya en el camino este año. En todo 2019 fueron 170 muertos, según la Organización Internacional de Migraciones. Estas son algunas de las cifras con las que se encontrará el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que este jueves 13 de febrero celebrará en Gran Canaria una cumbre sobre la situación migratoria de las Islas con el Gobierno canario.

La llegada de Marlaska viene precedida de los polémicos vuelos de deportación de migrantes malienses a Mauritania que han indignado a las ONG y varios partidos políticios. Según el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), trasladarlos a Mauritania es una “devolución indirecta” a un país en conflicto, pues luego ellos son enviados a la frontera con Malí, un país en conflicto, y abandonados a su suerte, como contaba hace unos días en un reportaje de El País Cissoko, un migrante maliense que estuvo 54 días encerrado en el CIE de Las Palmas hasta que lo enviaron el pasado 20 de enero a Mauritania antes de ser devuelto a Malí después de tres días sin comer ni beber . El Ministerio del Interior se justifica diciendo que es perfectamente legal, pues ellos los envían a Mauritania, que es un país por el que transitaron en su periplo migratorio, amparados en un convenio de 2003. Según el SJM, en muchos casos, esas devoluciones se producen sobre “una simple presunción” de que han estado en ese país, pero no con evidencias demostrables.

Según el presidente canario, Ángel Víctor Torres, el proceso “respeta absolutamente y de manera escrupulosa los derechos humanos”. Torres, que evidentemente está en una posición compleja, al ser Marlaska un ministro de adscripción socialista, no alberga ninguna duda. “Pero si la hay, habrá que buscar las fórmulas para que se disipen”. Y defiende que hay que actuar con los “protocolos máximos de seguridad” porque se trata de gente que ha tenido que “huir de su casa y perdiendo la vida en muchos casos”.

Pero la opinión no es la misma dentro del Pacto de Progreso, y Nueva Canarias ha criticado de manera contundente las devoluciones a Mauritania. El portavoz del partido en el Parlamento, Luis Campos, pidió hace unos días a Marlaska que desarrolle una política migratoria “clara, definida y regida por principios humanitarios”. “Así no”, espetó Campos en referencia a los vuelos de devolución a Mauritania. El diputado de NC en el Congreso, Pedro Quevedo, tiene también previsto hacerle una pregunta al Gobierno sobre el tema.

Otro frente que se le abre al Gobierno es el de la acogida de aquellas personas a las que no consigue devolver, bien porque han pedido protección internacional, bien porque no existe ningún convenio de devolución que les permita hacerlo. Normalmente, es el Ministerio del Interior el que solicita al de Migraciones que active una plaza de acogida. Pero el protocolo ha fallado en numerosas ocasiones, como ocurrió con varios migrantes de Mali que estuvieron durmiendo en el edificio abandonado del Parque Victoria, en Santa Cruz, durante varias semanas. El actual delegado del Gobierno, Juan Salvador León, ha pedido ayuda a Gobierno regional, Cabildos y municipios para habilitar más espacios ante el desbordamienque han sentido las ONG, particularmente Cruz Roja, que lleva la atención principal en estos casos. Para ONG como CEAR, hay que facilitar también el tránsito migratorio de quienes quieren seguir viajando. Para ellos, las islas son fortines que les impiden seguir.

Y luego están los señores que transpiraban malestar en el bar del sábado pasado. ¡Qué hacer para que no crezca esa mirada! Ese es un desafío de los grandes…