El Gobierno de España y el de Canarias confirmaron ayer, en Las Palmas de Gran Canaria, su acuerdo para reformar con carácter de urgencia la actual Ley de Extranjería y que así regiones como el Archipiélago, Ceuta y Melilla no tengan que asumir en solitario la acogida de los menores migrantes no acompañados, dada la insolidaridad con la que, salvo honrosas excepciones, han actuado hasta ahora el resto de las comunidades autónomas, pese a que tanto las Islas como las dos plazas norteafricanas están desbordadas por la constante afluencia de estos menores desamparados.
Así lo expusieron ayer, en la capital grancanaria, el ministro de Política Territorial, el aruquense Ángel Víctor Torres, y el presidente canario, el lagunero Fernando Clavijo, quienes, pese a celebrar tal acuerdo, aún mantienen diferencias sobre el procedimiento a la hora de promover la referida reforma legislativa.
Quedan flecos jurídicos que pulir, si bien se pretende que esté aprobada bien en forma de decreto ley, como quiere Canarias, o bien de proposición de ley con debate urgente y en lectura única, como plantea el Gobierno central, el próximo mes de septiembre.
En ambos casos, se confía por las dos partes en que el Partido Popular apoye la medida, pese a que los acuerdos regionales del PP con la fuerza de ultraderecha Vox, sin duda, generarán fricciones entre ambos.
Para recabar el respaldo de los conservadores, esta propuesta de reforma legal será debatida en una conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas, aunque Torres ya ha advertido de que la ley habilitará al Gobierno central a imponer el reparto de los menores y proceder su traslado si no hubiera acuerdo.
Sea como fuere, el optimismo resultó evidente, tanto en el caso de Clavijo como en el de Torres, no en balde el presidente de Canarias (que gobierna el Archipiélago con el Partido Popular) ha confiado en que la iniciativa cuente con más de 176 votos favorables en el Congreso de los Diputados y no se vea afectada por veto alguno en el Senado (donde el PP, a diferencia de en la Cámara Baja, cuenta con mayoría absoluta).
Tampoco cree el presidente regional que la propuesta corra riesgo alguno en un hipotético recurso elevado ante el Tribunal Constitucional, porque se atiende a una situación de clara emergencia y, especialmente, porque el interés superior de los menores está reconocido sin ambages en el actual ordenamiento jurídico español.
“Es de sentido común y justicia. Habrá una negociación política porque no iremos a un decreto ley que vaya a fracasar. Tenemos que parar la sangría en este momento para evitar que el problema se siga agravando con el paso del tiempo”, remachó a este respecto Fernando Clavijo.
Por lo que se refiere al ministro de Política Territorial, Torres también espera que esta reforma legislativa cuente con el respaldo del PP, no en balde -adujo- la secunda ya tanto en Canarias como en Ceuta. Ello permitirá que, en adelante, se imponga la ley, con la ficha financiera correspondiente, en territorios que hasta ahora se han negado a ser solidarios con sus compatriotas de la frontera sur y a acoger a menores migrantes no acompañados, con unas derivaciones que se decidirán de forma colegiada entre las comunidades autónomas concernidas y el Ejecutivo estatal, dado el fracaso que, como ya se refirió, ha tenido la solidaridad voluntaria.
Eso sí, Clavijo aclaró las dos premisas que resultan fundamentales para el Gobierno de Canarias. Por una parte, señaló que “a ver si en el plazo de 10 o 15 días se puede producir otra sectorial interministerial donde ya tengamos el texto. Y si el acuerdo político es decreto ley, pues decreto ley, y que si el acuerdo político es proposición de ley, pues que sea proposición de ley”. Por otra, y en cualquier caso, espera que, en el mejor de los supuestos, el próximo septiembre se pueda contar ya con un acuerdo y comenzar con las derivaciones.
Además, la ministra de Infancia, Sira Rego (quien participó telemáticamente en la reunión), también defendió la puesta en marcha de este “modelo de acogida solidario y vinculante, que pone en el centro los derechos de la infancia migrante no acompañada”.
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