caso grúas y caso reparos

El Ayuntamiento de La Laguna se persona en los casos Grúas y Reparos como acusación

La Junta de Gobierno Municipal, que conforman PSOE, USP y Avante La Laguna, bajo la presidencia de Luis Yeray Gutiérrez, da el paso y actuará en las dos investigaciones judiciales por presunta corrupción
El expresidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. DA
El expresidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. DA

El Ayuntamiento de La Laguna ha decidido personarse como acusación particular en los dos casos sobre presunta corrupción que actualmente se investigan en el Tribunal Supremo y en un juzgado de la Ciudad de Los Adelantados y que afectan directamente a los exalcaldes Fernando Clavijo y José Alberto Díaz, ambos de Coalición Canaria (CC): los llamados casos Grúas y Reparos.

La referida decisión fue adoptada el pasado martes por la Junta de Gobierno local y, como consecuencia de la misma, ahora será la Corporación local la que manifieste su interés por ser parte en ambos procedimientos judiciales.

Aunque no es la primera vez que se propone la personación del Ayuntamiento, en anteriores ocasiones dicha propuesta se topó con la mayoría conformada por CC y el Partido Popular, pero el cambio de signo político en el equipo de gobierno (y la consiguiente salida de Díaz de la Alcaldía, lógicamente) ha posibilitado finalmente que se adoptase tal decisión.

Para argumentar la misma, hay que tener en cuenta que el Consistorio tendrá derecho a exigir un resarcimiento por los perjuicios que pueda haber sufrido, sobre todo de carácter económico, en el supuesto de que dichos procedimientos acaben por determinar que se produjeron los delitos ahora investigados.

A este respecto, hay que tener en cuenta que tanto el caso Grúas como el Reparos versan sobre la cuanto menos discutible manera de contratar que imperó en el Ayuntamiento lagunero tanto durante la etapa de Clavijo, ahora senador autonómico, como en la de Díaz, y en los que abundan las contrataciones realizadas pese a los reparos elevados por parte de la Intervención Municipal, que advertía acerca de la posible ilegalidad de las mismas.

Un caso clave

No en balde, tanto Clavijo como Díaz están ya imputados por el caso Grúas, cuyo destino finalmente decidirá el Tribunal Supremo, dado que Clavijo ha hecho valer sus privilegios como senador para que sea el Alto Tribunal quien continúe con la instrucción de dicho caso. De la importancia del mismo da buena cuenta el hecho de que la imputación de Clavijo fue decisiva a la hora de conformar el actual pacto de Gobierno en Canarias, dado que la insistencia del ahora senador en figurar en un hipotético Ejecutivo autonómico basado en un pacto de los partidos de derechas se vio frustrado al impedir los estatutos de Ciudadanos que esta formación política cierre acuerdos de gobierno con un político investigado judicialmente.

Además de Clavijo y Díaz, en el caso Grúas también figuran imputados otro exconcejal de CC, Antonio Pérez Godiño, y la exdirectora del Área de Seguridad municipal, Rosario Hernández. En concreto, la investigación judicial versa sobre lo sucedido en el servicio municipal de grúas en la etapa en que, siendo Clavijo alcalde, se hicieron con el control de la concesionaria una serie de empresarios/trabajadores, la mayoría de los cuales relacionados con el propio Clavijo. Durante dicha etapa, la gestión de la empresa resultó catastrófica, a tal punto que se daban las circunstancias legales que permitían al Consistorio retirar la concesión. Sin embargo, no solo no se recuperó el servicio, sino que el Ayuntamiento prestó 120.000 euros a la empresa y además le prorrogó el contrato otros cinco años.

Por lo que respecta al llamado caso Reparos, es mucho menos conocido mediáticamente, si bien los especialistas coinciden en advertir de que la enjundia del mismo es, potencialmente, muy superior al del caso Grúas.

Ello se debe a que el caso Reparos entiende sobre todo un modelo de contratación que llevó a cabo la Corporación lagunera con Clavijo y Díaz al frente. Según el denunciante del mismo, el ahora concejal de Urbanismo, Santiago Pérez (Avante La Laguna), se trata de, presuntamente, una “práctica sistemática de autorizar a determinadas empresas continuar gestionando servicios públicos a pesar de que los contratos se iban extinguiendo y, sobre todo, obviando los informes de la Intervención General, formulando en todos los expedientes idénticas advertencias de ilegalidad”. Dicho edil afirma que este modus operandi “delictivo” llevado a cabo entre los años 2013 y 2017 se reflejó en “unos 160 decretos -47 firmados por Clavijo y el resto, por Díaz, aunque en ocasiones lo hiciera quien ocupase la Alcaldía en funciones en ese momento- levantando los reparos de la Intervención y autorizando, a determinadas y siempre las mismas empresas, a seguir gestionando sin título jurídico alguno los más importantes servicios municipales”. Todo ello derivó en que, hasta 2017, “el volumen de dinero comprometido al margen de la ley ascendía ya a 47,4 millones de euros”, si bien la cantidad total se ha quedado desfasada dado que dichas prácticas continuaron hasta la salida de Coalición Canaria del poder en La Laguna, acaecida el año pasado.

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