La investigación realizada por un funcionario de alto nivel del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Francisco Clavijo Rodríguez, ante las posibles irregularidades en la contratación de los artistas Juan Luis Guerra y Orishas con motivo del Carnaval de Día capitalino del año pasado, refrenda las sospechas que motivaron la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por parte del concejal de Izquierda Unida y líder de Unidas Podemos en la capital tinerfeña, Ramón Trujillo.
Así se desprende del contenido del informe, adelantado ayer por DIARIO DE AVISOS, en el que se afrontan las dudas esenciales que presenta dicho expediente desde la perspectiva administrativa, que es la única que compete a dicho funcionario. De las posibles derivaciones penales, como se dispone en el ordenamiento jurídico vigente, se encargará la Fiscalía Anticorrupción.
Lo cierto es que dicho informe confirma que la referida contratación fue una chapuza, como coloquialmente lo definió en su día el actual concejal de Fiestas santacrucero, Andrés Martín Casanova.
El instructor ha encontrado nada menos que hasta tres causas de nulidad de pleno derecho en el expediente.
La primera es, como se ha repetido hasta la extenuación en este periódico, que nadie acreditó tener la exclusividad de los artistas en cuestión, lo que en la práctica invalida la elección de un procedimiento negociado sin publicidad (es decir, a dedo).
La segunda es que no se negociaron los aspectos establecidos a tal fin en el propio pliego de condiciones, que no deja de ser la normativa específica por la que se rige la contratación.
Y la tercera radica en que, como también desveló DIARIO DE AVISOS, no se acreditó que el beneficiario (un particular llamado Alfredo Moré vinculado a Radio Club) cumpliese con los requisitos mínimos de solvencia económica exigidos para un contrato que, no hay que olvidarlo, costó más de medio millón de euros a todos los vecinos de la capital tinerfeña.
Además de estas tres presuntas irregularidades, todas ellas con entidad suficiente por sí misma para declarar la referida nulidad de pleno derecho, en el informe se advierte igualmente de una posible causa de anulabilidad, ya que tampoco ha quedado justificada la declaración de urgencia de la tramitación del expediente, por cuanto, como sabe cualquier chicharrero, las fechas de los Carnavales son conocidas con anticipación. Sin ir más lejos, en 2021, el viernes de Cabalgata será el 14 de febrero, en 2022 tocará el 27 de febrero, en 2023 tendrá lugar el 19 de febrero, y así hasta cualquier año que se quiera consultar.
Pero el informe también entra en el análisis de otra de las sospechas esenciales denunciadas por este periódico y recogidas en la denuncia ante la Fiscalía. Se trata de la ausencia total de las facturas que justificaron el primero de los pagos efectuados a Moré Silva, que fue por la mitad del total estipulado (algo más de un cuarto de millón de euros).
Como exigía el pliego de condiciones, para poder cobrar dicho dinero, Moré, un antiguo bailarín del Tropicana que abrió una academia de salsa en La Cuesta tras afincarse en Tenerife, tenía que haber presentado las facturas por los viajes, seguros, etc. de los artistas, lo que nunca hizo. Aunque al instructor de esta investigación municipal no le cabe ninguna duda sobre esto, omite cualquier calificación jurídica a este respecto, a buen seguro porque rebasa los límites del Derecho Administrativo para, presuntamente, entrar en el terreno de lo Penal, lo que escapa a sus competencias.
Resta por añadir un dato igualmente llamativo. Cuando fueron llamados a declarar desde el Ayuntamiento por esta causa, tanto la anterior concejala de Fiestas (Gladys de León, de Coalición Canaria), como el anterior gerente de dicho organismo capitalino (Ángel Alonso) y el propio Alfredo Moré presentaron escritos que, a juicio del propio instructor, son similares y se basan en una supuesta doble investigación (la municipal y la de Anticorrupción). La endeblez jurídica de semejante argumentación motivó, como era previsible, el rechazo del instructor.
Si es nulo
Como se ha dicho, el funcionario instructor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se ha limitado a revisar los aspectos administrativos del expediente de contratación de Juan Luis Guerra y Orishas para el Carnaval de Día de 2019, por lo cual no entra a valorar la posible comisión de delitos (la denuncia ante la Fiscalía advierte sobre presunta malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa).
Aún así, dicho funcionario (Francisco Clavijo) no duda en proponer a la alcaldesa capitalina, Patricia Hernández, la revisión de oficio del mismo ante la presencia de, a su juicio, hasta tres causas de nulidad de pleno derecho, con independencia de otras actuaciones que se puedan derivar del informe.
Pero en el caso de que, finalmente, se determine la nulidad de esta contratación, el principal efecto jurídico es que todo se retrotraerá hasta el momento anterior a la firma del expediente, lo que sin lugar a dudas habilitará al Consistorio capitalino a reclamar las cantidades abonadas, aunque seguramente no el total del poco más de medio millón de euros abonado por esta causa, dado que sí hubo una prestación de servicios (la celebración del propio concierto).
En todo caso, dicha reclamación se llevaría a cabo contra el particular (Alfredo Moré Silva) con el finalmente se contrató el espectáculo, a pesar de la duplicidad existente, por cuanto uno de los pliegos se inició a favor de Radio Club.
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