viernes a la sombra

Una absolución dudosa

Firmó cuatro resoluciones injustas, tal como reconoce la sentencia, pero no constituyen un delito de prevaricación. Se admite también que el derecho al secreto profesional “constituye la base de la libre información y, por tanto, del pluralismo político, que es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico”. Pero el juez Miguel Florit ha resultado absuelto.

¿Recuerdan el caso? Es curioso. Su Señoría había requisado los teléfonos móviles de dos periodistas, Kiko Mestre, de Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de la agencia Europa Press que cubrían la información del conocido como Caso Cursach y habían consultado telefónicamente distintas fuentes, de modo que rastrearon sus llamadas que incorporaron al procedimiento. El juez se incautó de los teléfonos, sin ponderar debidamente el derecho de los informadores a preservar la confidencialidad de sus fuentes.

La sentencia recoge todos esos extremos pero absuelve al juez Florit. Con razón la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha manifestado en un comunicado que no se entiende la absolución del magistrado y alerta que la resolución “sienta un precedente peligroso que podría ser aprovechado para imponer límites al derecho constitucional de los periodistas al secreto profesional”, que es uno de los pilares del libre ejercicio del periodismo “sin el cual muchos de los escándalos de corrupción que se han sucedido en nuestro país en los últimos años quedarían impunes”.

Claro que es un precedente inquietante. Si ya la casuística hace dudar a muchos profesionales y a quienes emprenden acciones por presuntos delitos de odio o de injurias y calumnias, pese a hacer acopio de pruebas documentadas, radiofónicas y videográficas, ahora, tratándose de investigaciones que pretenden dar soporte y verosimilitud a investigaciones sobre tramas y conductas, esta resolución del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares viene, cuando menos, a frenar muchas iniciativas de pleitos o demandas.

No se entiende, en efecto, que el Tribunal sostenga que el juez Florit no era consciente de la injusticia de sus resoluciones, criterio calificado por la FAPE como peregrino. Se supone, sostiene la organización periodística, que un juez debe saber lo que es justo e injusto antes de producir sus determinaciones.

Está bien lo de solidarizarse y animar a los profesionales para que sigan acreditando su nivel profesional pero hay que ser conscientes de la trascendencia de la resolución absolutoria. Como hay que tener muy presente la necesidad de disponer de una norma que desarrolle el secreto profesional de los periodistas. Precisamente, la carencia de esa ley es recogida en la sentencia de Mallorca pues obliga al juez a una ponderación con otros principios concurrentes, en este supuesto, el interés del Estado en perseguir la revelación de secretos. Claro que la FAPE estima que el vacío legal no impide que ese derecho constitucional deba ser respetado, de modo que no se castigue o penalice a quien lo vulnere. Y alude al Código Deontológico que establece que el periodista garantizará el derecho a sus fuentes informantes a permanecer en el anonimato, si así lo solicitan, con dos excepciones: que la fuente haya falseado de manera consciente la información o cuando revelar las fuentes sea el único medio para evitar un daño grave e inminente a las personas.

Mientras tanto, ya saben, doctrina Florit.

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