La Justicia ya tiene su particular plan de desescalada gracias al Real Decreto aprobado en el Consejo de Ministros celebrado el pasado martes, y que entra en vigor desde hoy. Dicho plan incluye una serie de medidas para hacer frente al previsible colapso que tendrá lugar en los juzgados ante la acumulación de los casos no celebrados durante el estado de alarma, a los que sumarán los originados por el mismo. Para evitarlo, el Ministerio no ha dudado en revolucionar la administración de Justicia con medidas nunca vistas hasta ahora, y que han concitado críticas por parte de abogados y trabajadores, tal y como manifestaron ayer a DIARIO DE AVISOS el decano del Colegio de Abogados tinerfeño, José Manuel Niederleytner, y el portavoz de Intersindical (fuerza mayoritaria en las Islas) en Tenerife, David Ortuño.
En un resumen de dichas novedades, destacan sobremanera la implantación de un turno de tarde, hasta ahora inexistente, y con la posibilidad de un cambio de puesto de trabajo siempre que sea en la misma localidad y en el mismo orden jurisdiccional. Aunque se habla de voluntariedad, el Ministerio se guarda la opción de imponerse en caso de que no se cumpla con lo previsto. Además, y por primera vez en la historia, se habilitarán 20 días de agosto con carácter general para todas las jurisdicciones, del 11 al 31.
Otra de las medidas llamativas es establecer como regla preferente la celebración de juicios, comparecencias y otros actos procesales por vía telemática en todas las jurisdicciones menos si se trata de asuntos penales por delitos graves, en los que los actos procesales deberán ser presenciales.
Eso sí, en el caso de actuaciones presenciales, el decreto-ley dispensa a los abogados y procuradores del uso de la toga, medida que tampoco tiene precedentes y que pretende eliminar una posible fuente de contagio, evitando el intercambio de esas prendas en las sedes judiciales, donde es usual que se compartan. También se limitará el aforo en las vistas.
Para Niederleytner, “con estas medidas, lamentablemente, nos tememos que no se resuelva nada. Son ineficaces -añade el representante de los letrados provinciales- porque ni hay más órganos judiciales, ni más personal. Francamente, no sabemos dónde se van a meter [en el calendario] todos los señalamientos que han sido suspendidos por el estado de alarma”.
En opinión del decano de los abogados tinerfeños, la opción telemática dista mucho de ser factible. “Cuesta imaginar cómo se podrán llevar a cabo algunas vistas y le pongo un ejemplo. ¿Quién controlará que un testigo no esté leyendo la versión que le ha escrito su abogado? La inmediatez, lo presencial, sigue siendo clave para el normal desarrollo de la Justicia”, apostilló.
Niederleytner tampoco ve claro la efectividad de habilitar 20 días en agosto. “Es ridículo imaginar que en 20 días se resuelve todo”.
Por su parte, Ortuño (Intersindical) lamenta que estemos ante lo que considera “una imposición. No se ha negociado con los trabajadores, cuando este decreto vulnera la negociación colectiva en asuntos como los turnos de trabajo, la conciliación familiar o la movilidad”.
Este representante de los trabajadores clama, igualmente, porque “en Canarias hace falta más personal, dado que siguen sin cubrirse plazas y no son pocas las vacantes existentes”, pero es sobre los riesgos laborales donde también incide Ortuño: “Se tiene que cumplir la normativa general y por ahora solo se han puesto mamparas en los órganos que están cubriendo los servicios esenciales, pero nada más. Lo que sí tenemos claro es que pondremos en conocimiento de las autoridades todo incumplimiento que detectemos”, avisó.
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