Los más pequeños de la casa se han convertido en protagonistas durante estas jornadas de confinamiento. En primer lugar, por las dificultades que experimentan algunas familias para la conciliación con el trabajo. Por otra parte, se ha puesto el foco sobre los niños, al ser un vector casi imperceptible del coronavirus, dado que no suelen presentar síntomas mientras la padecen y, aún así, sí son capaces de transmitirla. Y claro, el debate de la desescalada y sus fases implica que se hable de los menores como los primeros que, por motivos tanto de desarrollo como de secuelas psicológicas, deben salir a la calle para coger aire e intentar pensar en el regreso a la nueva normalidad.
Pero en el día de ayer fueron mencionados porque la ministra de Educación, Isabel Celaá, anunció qué va a ocurrir con el curso lectivo que está en marcha. Al respecto dijo que, tras reunirse con la Conferencia Sectorial, máximo órgano de interlocución entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en materia educativa, se decidió que la práctica totalidad del alumnado pase de curso, con algunas excepciones, como puso de manifiesto la consejera canaria, María José Guerra, que además matizó que, aunque dicho plan posee gran similitud con los puestos en marcha en otros países europeos como Francia, en este caso tiene una limitación, y es que no se trata de un aprobado general. El límite radica en que “será una evaluación continua y ningún estudiante podrá tener una nota inferior a la obtenida en el segundo trimestre”.
Pese a las circunstancias adversas en las que se llevarán a cabo las clases, trasladadas a las plataformas virtuales, la titular del área educativa en el Archipiélago reconoció que, en el transcurso de este tercer periodo del curso se podrá localizar a los “desconectados”, es decir, a los miembros de familias vulnerables o con pocos recursos que se van a ver beneficiados por las más de 4.300 tabletas que el Ejecutivo canario distribuirá entre los educandos, a fin de romper la brecha digital. Un objetivo al que también se han sumado muchas empresas, con la donación de equipos informáticos para facilitar que haya igualdad de oportunidades en el acceso a los contenidos pedagógicos. De hecho, algunas administraciones locales también han querido tomar la iniciativa a pequeña escala, complementando la labor emprendida por el Gobierno.
Asimismo, con vistas a los meses de verano, los representantes de las distintas comunidades autónomas han trasladado a la ministra su predisposición a abrir las aulas para impartir clases de refuerzo a los alumnos que han podido presentar más dudas o que tengan alguna dificultad del aprendizaje. Ello conllevaría, de realizarse, un pago adicional para los docentes que se vean obligados a cubrir dicho periodo estival. En concreto, se ha planteado que a los educandos con necesidades educativas especiales se combinen las actividades lúdicas con otras promovidas por administraciones y organizaciones, contando con el concurso del voluntariado y en contacto con los centros educativos.
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