Ni el verdugo de Lula Da Silva puede con Bolsonaro, cada vez más aislado

El Gobierno brasileño y su líder, el ultraderechista Jair Bolsonaro, caminan directos hacia el abismo, y no han amagado con pisar el freno. Hace escasos días era cesado el ministro de Salud del país por sus diferencias con el presidente, al cual advirtió en varias ocasiones de la necesidad de tomar medidas para combatir el coronavirus. Y esta semana ha sido el turno del titular de Justicia, Sérgio Moro, que dimitía tras conocer la destitución del jefe de la Policía Federal; una decisión adoptada por Bolsonaro para, según los medios locales, tener mayor control sobre el cuerpo.

Pero esta última pérdida, la del juez Moro, no es un movimiento cualquiera en el tablero político de la nación. Se trata de la persona que inició la Operación Autolavado, una investigación contra el expresidente brasileño e histórico dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) Lula Da Silva, que acabó llevándole a prisión por la presunta aceptación de sobornos a través de la empresa Petrobras. Una maniobra que le costó duras críticas al magistrado de organismos internacionales -que cuestionaron sus motivaciones partidistas- y de los propios compañeros del líder sindical.

Sérgio Moro desempeñó en aquel momento un papel clave para poner fin a los 13 años de gobiernos del PT en Brasil -culminados con el impeachment o juicio político a la primera presidenta mujer, Dilma Roussef, en 2016-, afianzando su faceta como referente de los conservadores y fichando, en última instancia, por el equipo de Bolsonaro para asumir la cartera de Justicia. Este sería el punto álgido de su carrera; todo parecía apuntar a que terminaría consolidándose como miembro del gabinete. Pero los delirios del mandatario ultra han tensado la cuerda en exceso, incluso para personas con una ideología tan marcada como Moro. El presidente no tolera que se le cuestione.

Los partidos de la oposición insisten en que la administración de Jair Bolsonaro debe tomar decisiones para evitar la propagación de la Covid-19, que oficialmente afecta a más de 50.000 personas en el país. Varios ministros, incluido el de Salud, fueron los primeros en alertarle de las consecuencias que podría acarrear el hecho de hacer caso omiso a las advertencias de la autoridad sanitaria internacional, la OMS. Sin embargo, ni siquiera el hecho de que miembros de su Gobierno hayan contraído la enfermedad le han hecho rectificar. En sus últimas apariciones públicas, donde ha manifestado una tos persistente, ha afirmado que la decisión de algunos gobernadores de decretar el confinamiento a la población “es un crimen”, pues a su entender no es más que una “pequeña gripe”.

La única fórmula que ha puesto sobre la mesa es inyectar 926 millones de dólares para recuperar el turismo. Pero lo cierto es que el Ejecutivo no tiene fondos, ni siquiera para abonar el subsidio a los trabajadores informales. Y las víctimas mortales del virus siguen llenando fosas comunes.