La magistrada titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres y Farizo, ha emitido una sentencia pionera al suspender la pena de cuatro meses de prisión que le había impuesto a una vecina de La Laguna que incumplió hasta tres veces el confinamiento y que dio positivo en las pruebas del coronavirus, siempre y cuando la condenada permanezca ingresada, mientras dure el estado de alarma, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, donde fue llevada el pasado martes contra su voluntad (una vez solicitado el ingreso forzoso por las autoridades sanitarias) por una ambulancia custodiada por la Policía Canaria.
Previamente, la magistrada había instado a la Dirección General de Salud Pública a que dictara la resolución de ingreso no voluntario de la detenida, al ser este departamento el competente para ello. Así, el director general, José Juan Alemán, solicitó formalmente que “se adoptaran las medidas necesarias para el internamiento no voluntario” en el referido hospital “a fin de realizar las pruebas necesarias para evaluar el estado de su enfermedad”.
S.B.G. , de 29 años, sin antecedentes penales, fue diagnosticada el 20 de marzo portadora del virus Covid-19 y requerida para que realizara un aislamiento domiciliario durante 14 días. Cuatro días más tarde fue sancionada administrativamente por incumplir el confinamiento y el 4 de abril fue sorprendida de nuevo cuando caminaba por la calle Paseo Espronceda de la capital tinerfeña sin motivo ni justificación alguna, siendo requerida por los agentes para que volviera a su domicilio. La encausada volvió a incumplir el decreto del estado de alarma al día siguiente, cuando fue interceptada por la calle Azorín, en la zona de Los Gladiolos, mostrando una actitud “rebelde y obstativa” al cumplimiento de la prohibición vigente, según el atestado policial, por lo que los agentes del cuerpo de la Policía Local procedieron a su detención.
La magistrada indica en un auto que suspende durante dos años la ejecución de la pena de cuatro meses de prisión condicionada a que S.B.G. se mantenga en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria hasta que termine el estado de alarma, y en caso de que el alta médica tuviera lugar antes de su terminación cumpla con la obligación de permanecer en su domicilio, lo que equivaldría a un arresto domiciliario, que es otro de los aspectos novedosos de la resolución judicial. La jueza establece un día y un horario a la semana (los jueves, entre las 10 y las 13 horas) para la compra de víveres y fármacos.
