El consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha firmado este martes una nueva orden de ampliación del plazo para el abono de los tributos a la importación de bienes en la modalidad de pago diferido hasta el 30 de junio, permitiendo así una inyección de liquidez en la economía canaria de 100 millones de euros.
Esta orden sustituye a la dictada el 20 de marzo de este año, posibilitando la ampliación del abono de este tributo, tanto en lo que se refiere al IGIC como al AIEM, en otros dos meses, según indicó el Gobierno de Canarias en nota de prensa.
En este sentido, el consejero canario de Hacienda aseguró que una de las prioridades del Gobierno regional es la “protección” de las pymes y autónomos canarios que se encuentran en una “delicada situación debido a la paralización de la actividad”, apuntando como una de las vías de ayuda el “alivio de sus obligaciones fiscales para que puedan disponer, a cambio, de liquidez”.
Además la orden firmada también autoriza, con carácter transitorio y excepcional, el comercio electrónico de las tiendas libres de impuestos de los aeropuertos canarios, excepto las labores del tabaco, de tal forma que mientras permanezca el estado de alarma estos establecimientos podrán vender sus productos a particulares aunque no sean viajeros.
Así, en el caso de mercancías perecederas, estas ventas podrán efectuarse en favor de otros empresarios o profesionales.
Al respecto, señaló que las tiendas libres de impuestos deberán efectuar con carácter previo el despacho a consumo de dichas mercancías, así como cumplir con el conjunto de las obligaciones y deberes de naturaleza tributaria derivada de la normativa reguladora de los impuestos gestionados por la Agencia Tributaria Canaria.
La Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias ha promovido, con la orden de este martes y otras, una inyección de liquidez al tejido productivo de las islas de más de 600 millones de euros por la vía del alivio fiscal.
También ha impulsado un decreto-ley de Medidas Extraordinarias de Carácter Económico, Financieras, Fiscal y Administrativas para proteger al tejido productivo de las islas, en especial, autónomos y pymes, con el fin de simplificar los procedimientos burocráticos ante la crisis del coronavirus.
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