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Justicia alarga los plazos ante el previsible aluvión de concursos

Empresarios y abogados especializados celebran la reacción gubernamental para evitar el colapso en los juzgados mercantiles y dar más capacidad de reacción a las empresas
Los juzgados de los Mercantil necesitarán ser reforzados. DA

El inevitable aumento en el número de las empresas que se verán abocadas a buscar en la Ley concursal una oportunidad para evitar que la crisis derivada por la pandemia provoque su cierre (con el consiguiente colapso en los juzgados de lo Mercantil), ya cuenta con una respuesta gubernamental.

Y no se ha hecho esperar dicha reacción, a tal punto que las primeras medidas adoptadas para, al menos, mitigar tan negro horizonte, se han incluido en el Real Decreto Ley que el pasado martes aprobó el Consejo de Ministros, donde se fijaron las nuevas reglas para la desescalada de la Administración de Justicia.

Además de implantar el turno de tarde o la habilitación de 20 días en agosto, dicho decreto despliega igualmente una batería de cambios específicos en la normativa concursal cuyo objetivo es, por una parte, aliviar la presión de la crisis sobre las empresas, pero también ayudar a que el atasco en los juzgados no agrave todavía más las consecuencias económicas de la Covid-19. Aunque tales medidas distan mucho de ser una milagrosa panacea, tanto empresarios como letrados especializados consultados por este periódico han recibido de buen grado estas novedades.

Básicamente, el Ministerio de Justicia (con el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial) ha optado por relajar los plazos legales, de tal modo que el dispuesto para solicitar el concurso de acreedores (la anterior quiebra) se prolonga hasta diciembre, con independencia de cuándo se produzca el final del estado de alarma, además de una serie de medidas técnicas que priorizan la tramitación de unos asuntos que, cuanto más tiempo transcurran sin resolverse en los juzgados, mayores perjuicios generan para los implicados, sean empresarios o trabajadores.

Para el secretario general de CEOE Tenerife, Eduardo Bezares, “hay que celebrar que procesos judiciales tan importantes se adapten a la crisis que estamos padeciendo, especialmente al tratarse de unas medidas que permiten a los empresarios ganar un poco de tiempo antes de llegar a una situación irreversible para el negocio. Esperemos que sean ejecutables”, apostilló el representante de la patronal.

Por su parte, el letrado tinerfeño Carlos Gómez, colaborador habitual de este periódico, coincidió con el empresario en que las novedades “aligeran bastante los plazos para presentar concursos y situaciones preconcursales tendentes a evitar la desaparición de las empresas. No suponen necesariamente una solución económica para los negocios, pero serán útiles para evitar en lo posible un colapso en los juzgados”. Este especialista insistió en recordar que “la Ley concursal tiene herramientas que dan oportunidades a los empresarios y a las personas físicas, pero ya se aprendió en la crisis anterior que, si se espera al último momento, es más difícil aprovecharlas”.

Otro experto local, el también abogado Carlos Luis González, valoró favorablemente los cambios. “El Real Decreto Ley es muy positivo para salvar a las empresas, pues les otorga un tiempo vital para recuperar su actividad y tesorería, para así poder hacer frente a los pagos sin someterse a la perturbación y los gastos de un concurso de acreedores”.

Además de coincidir en que aliviará los juzgados mercantiles, González considera que las nuevas medidas “son de mucha ayuda a aquellas empresas que ya tenían aprobado su convenio de acreedores, y que corrían serio riesgo de no poder cumplirlo ante las nuevas circunstancias del mercado, permitiéndoles modificar el convenio para adaptarlo a la nueva situación existente”, concluyó.

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