Alegan indefensión para recurrir el archivo firme del caso Grúas

Las dos acusaciones populares personadas en el llamado caso Grúas confirmaron ayer que presentarán sendos recursos contra el sobreseimiento del mismo decretado la semana pasada por el Tribunal Supremo, alegando su indefensión al no ser escuchados por el mismo y porque el Alto Tribunal ha decidido sin estar informado sobre todo lo instruido en el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna.

Dichas acusaciones populares, impulsadas por los grupos municipales de Unidas se Puede y Avante La Laguna desde 2017, coinciden en sus escritos en pedir la nulidad de la providencia, que hizo firme dicho archivo al entender que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, por cuanto no se han valorado sus recursos de súplica contra el archivo provisional, pero, fundamentalmente, por el objeto de los mismos, que no es otro sino la falta de información reseñada por parte del Supremo a la hora de valorar lo acaecido en este caso.

A este respecto, en ambos recursos de súplica (a los que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS) se sostiene que “una vez practicadas las testificales, de cuyo conocimiento se ha hurtado al Tribunal Supremo, se han revelado indicios evidentes y racionales del ánimo de los investigados, por tanto, del tipo subjetivo, pues ha quedado acreditado, al menos indiciariamente, que Fernando Clavijo [imputado hasta ahora en esta causa] tenía un interés directo en prorrogar el contrato, que podríamos resumir en la lapidaria frase manifestada por el testigo José Padilla [primer dueño de la concesionaria]: “Clavijo era el jefe del tema”. En consecuencia, el recurso estima que “la exposición razonada no cumple con los requisitos exigidos jurisprudencialmente, pues se deja por fuera hechos que son indiciariamente constitutivos de delito, las razones por los que lo son y la participación concreta que ha tenido la persona aforada”. A este respecto, cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción ya solicitó al juzgado lagunero que ampliara su exposición, sin éxito.

Otro dato de particular interés (habida cuenta que en el auto de sobreseimiento provisional dictado por el Supremo se da especial importancia a los mismos) radica en el hecho de que, pese a lo sostenido por el Alto Tribunal “en cuanto a los informes emitidos por los catedráticos de la Universidad de La Laguna, es conveniente recordar que, según sus propias declaraciones, prestadas en calidad de testigos en sede judicial, a preguntas de esta letrada, manifestaron con rotundidad que nunca informaron a favor de la prórroga del contrato, solo sobre la prórroga de la intervención, así como que nunca tuvieron acceso a los datos sobre la nefasta situación económica de la empresa cuando informaron a favor de la concesión del préstamo, sino que ellos hicieron un mero estudio teórico”.

Resta recordar que el caso Grúas versa sobre la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos en la gestión de las grúas municipales por parte de una empresa a la que, pese a incumplir gravemente lo estipulado, no solo no se le retiró la concesión, sino que se le prestaron 120.000 euros y se le prorrogó la misma por parte del Ayuntamiento de La Laguna.

Salvo sorpresa mayúscula, camino del Tribunal Constitucional

El accidentado paso del caso Grúas por el Tribunal Supremo, una polémica que también se produjo, aunque por distintas razones, tanto en el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna como en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, no parece que tenga visos de ser la última estación de este tren procesal. No en balde, desde la acusación popular de Avante La Laguna ya se anunció el interés por llegar hasta el Tribunal Constitucional si los recursos contra el sobreseimiento del Supremo no llegan a buen término, como a priori ocurrirá por cuanto se presentan ante la misma Sala.

En cuanto a la base para acudir al Constitucional, precisamente los recursos de súplica sirven de guía para ello, por cuanto en los mismos ya se argumenta una vulneración del derecho a una tutela judicial efectiva por parte del Supremo, circunscrito a la exposición motivada que se envió desde el juzgado lagunero hasta el Alto Tribunal, dado que la misma fue incompleta.