Tribunales

Anticorrupción pide imputar a Clavijo y Díaz por presunta prevaricación

La Fiscalía aprecia indicios delictivos por el reiterado levantamiento de reparos para prorrogar a dedo contratos de servicios laguneros ya extinguidos; la cuantía de los expedientes afectados suma 47 millones

Fernando Clavijo y José Alberto Díaz, durante su etapa en el Ayuntamiento de La Laguna. DA
Fernando Clavijo y José Alberto Díaz. DA

La Fiscalía Anticorrupción solicitó el pasado 11 de marzo al Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna que se llame a declarar como investigados (antes imputados) a los exalcaldes de la Ciudad de Los Adelantados Fernando Clavijo y José Alberto Díaz (ambos de Coalición Canaria), como presuntos autores de un delito continuado de prevaricación a cuenta del llamado caso Reparos.

En dicho escrito del Ministerio Público, comunicado ayer a las partes tras la demora debida al estado de alarma, así mismo se pide la imputación de los entonces concejales (también de CC) Aymara Calero Tavío, en su momento presidenta del Organismo Autónomo de Deportes y Agustín Fernando Hernández, por aquel entonces presidente del Organismo Autónomo de Deportes; además de Asier Amador Robayna, que fue gerente del Organismo Autónomo de Deportes; Rosa Ana García Gaviño, jefa del Servicio de Bienestar Social y Calidad de Vida, y Carlos A. Gómez, técnico de la Unidad de Educación.

Dichas solicitudes se argumentan en que, tras el estudio de la denuncia presentada en enero de 2018 por el edil lagunero Santiago Pérez y que fue adelantada en su día por DIARIO DE AVISOS, se aprecian indicios delictivos por hechos acaecidos entre 2013 y 2017, años en los que se levantaron desde la Alcaldía hasta 118 reparos de legalidad interpuestos por la Intervención Municipal sobre unos contratos cuya cuantía total es de 46.965.515,74 euros.

En concreto, el detallado escrito de Anticorrupción (156 folios) estima la existencia de tales indicios de prevaricación continuada porque “de los anteriores expedientes administrativos se deduce que la Alcaldía del Ayuntamiento de La Laguna ha venido prorrogando y dando continuidad reiteradamente a contratos de servicios públicos extinguidos, algunos de ellos como hemos visto anteriormente millonarios, levantando por Decreto los reparos de legalidad de la Intervención General, que advertía que esta forma de actuar era contraria a la ley de Contratos del Sector Publico y a las Bases y Pliegos de los concursos” en cuestión.

Dicho de otra manera, el Ayuntamiento lagunero habría optado desde 2013 por dejar supuestamente que transcurriera el plazo previsto para la finalización de contratos suscritos con empresas para la prestación de servicios municipales y, a última hora o incluso ya extinguidos], prorrogarlos o darles continuidad sin celebrar, como marca la legislación vigente, un nuevo concurso abierto a quien le pudiera interesar pujar por el mismo. Ello constituiría, según ha argumentado reiteradamente el denunciante, una suerte de “modus operandi” supuestamente ideado para esquivar los problemas de tesorería derivados del control económico que el Ministerio de Hacienda impuso al Ayuntamiento por una deuda cercana a los 100 millones de euros heredada de la etapa de Ana Oramas.

Ahora, el Ministerio Fiscal coincide a este respecto en que “no estamos ante una simple discordancia de las resoluciones con la normativa reguladora de la cuestión administrativa, sino que existe un plus de contradicción con la norma que es lo que podría justificar la intervención del derecho penal”.

Se propone una pieza separada y cuantificar oficialmente las consecuencias

En su escrito, la Fiscalía Anticorrupción recuerda que, en los casi dos años y medio transcurridos desde la denuncia del caso Reparos, el Juzgado de Instrucción Número 4 de la Laguna solo ordenó inicialmente al Ayuntamiento que le enviara la documentación relacionada. Desde entonces, nada, a pesar de que dicha denuncia fue ampliada. Entiende Anticorrupción que, procesalmente, lo correcto sería reactivar lo relacionado con la denuncia inicial (que abarca hechos acaecidos entre 2015 y 2017) con la toma de declaración de los investigados, mientras que lo relatado en la ampliación (2013/2015) debe ser objeto de una pieza separada, habida cuenta que son años distintos y protagonistas diferentes. Otra de las prácticas propuesta por Anticorrupción es “requerir al Interventor Municipal para que aporte un informe en el que se cuantifique las consecuencias económicas y presupuestarias producidas como consecuencia de las prórrogas otorgadas y correspondientes a los contratos” afectados por este reiterado levantamiento de reparos.

Hasta más de dos años y con conocimiento de la falta de base legal

Para la Fiscalía, por la documentación existente queda claro que “se han producido prórrogas de contratos, en ocasiones de casi más de dos años, sin estar previstas en los, mismos y, según parece se han acordado con total conocimiento y voluntad de que ello así era, toda vez el Interventor Municipal de forma constante advertía” al respecto. Resta recordar que, si bien la nueva ley sobre contratos públicos permite nueve meses más en algunos casos, hay que licitar tres meses antes de que se extinga.