Tribunales

El caso Grúas será recurrido ante el Tribunal Constitucional

El Supremo opta por el sobreseimiento definitivo en una providencia dictada sin tener en cuenta a las acusaciones populares, que presentaron sendos recursos contra el archivo provisional

El hoy senador autonómico Fernando Clavijo. Fran Pallero

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado una providencia en la que se da carácter de firmeza al archivo provisional dispuesto el pasado día 9 por la misma sala respecto al llamado caso Grúas, una causa por la que estaba imputado el expresidente de Canarias, Fernando Clavijo, y exalcalde lagunero José Alberto Díaz, el exedil Antonio Pérez-Godiño y la exresponsable de la Seguridad lagunera Rosario García. Dicha providencia lleva fecha del pasado día 16, y en la misma se ignora a las acusaciones populares personadas, como son las impulsadas desde Avante La Laguna y desde Unidas se Puede. Ello ha provocado, al menos en el caso del partido del hoy concejal de Urbanismo de la Ciudad de Los Adelantados, Santiago Pérez, la decisión de recurrir no solo dicha providencia, sino también la de elevar, posteriormente, el caso al Tribunal Constitucional al entender que se ha producido una vulneración de los derechos fundamentales de estos acusadores.

La providencia en cuestión no deja de resultar llamativa por cuanto en la misma solo se tiene en cuenta como partes personadas a la defensa del propio Clavijo (quien aprovechó su privilegio como aforado para que su asunto fuera tratado por el Supremo) y a la Fiscalía, pero no a las citadas acusaciones populares.

En consecuencia, la Sala del Supremo sostiene que nadie recurrió al archivo provisional del día 9, pero las acusaciones en cuestión presentaron sus recursos en el llamado día de gracia (día 15), que ambas contaron a partir de la fecha de firma del auto de archivo del Tribunal Supremo (9 de junio), a pesar de no haberle sido notificado por no habérsele permitido personarse hasta la fecha, pese a ser los denunciantes del caso desde 2017.

En cuanto al Ministerio Fiscal, no recurrió ese primer auto de archivo, y eso que durante la corta tramitación de esta causa especial en el alto tribunal sí se le dio traslado, lo que posibilitó que pidiera, sin éxito, que se asumiera la competencia de la instrucción contra Fernando Clavijo y se incoara procedimiento “para depurar sus responsabilidades penales”.

En sus recursos al auto de archivo, las acusaciones han invocado distintos derechos constitucionales, como el de la tutela judicial efectiva. La representación de Santiago Pérez solicitó la nulidad del auto de archivo por considerar que se le ha generado indefensión, porque la exposición razonada enviada al Tribunal Supremo por la jueza de Instrucción de La Laguna lo fue “de forma prematura y manifiestamente incompleta”, lo que a su entender privó a la Sala de “toda la información que a modo de indicios racionales de criminalidad constan en la causa y son indispensables para que (…) pueda dictar una resolución justa y fundada fáctica y jurídicamente”.

Así, al Supremo nunca llegó la declaración de los juristas contratados por el Ayuntamiento de La Laguna para dar base jurídica a sus decisiones más controvertidas, como tampoco la declaración del primer propietario de la concesionaria de las grúas laguneras, José Padilla, que perjudicaba especialmente a Clavijo respecto a este asunto.