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La empresa del geriátrico de Ifara reclama 19 millones de euros

En la sentencia, que ya es firme, el TSJC declaró nulas las licencias municipales concedidas en el periodo 2003-2006; legalizar al menos una parte, última baza del Ayuntamiento para no pagar
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Vista general de la residencia de mayores Amavir, en Ifara. / SERGIO MÉNDEZ

La empresa que explotaba en Santa Cruz de Tenerife una residencia de ancianos llamada El Drago del Marqués ha presentado una reclamación patrimonial de 19 millones de euros contra el Ayuntamiento capitalino para compensar el hecho de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias obligase a cerrar la misma, dado que las licencias municipales fueron declaradas nulas al no ajustarse a la legislación vigente.

Esta notable reclamación patrimonial se deriva de la decisión del Tribunal Supremo que en enero del año pasado inadmitió un recurso contra la decisión del TSJC, una sentencia que adquirió la condición de firme tras el pronunciamiento del Alto Tribunal.

En concreto, este geriátrico, ubicado en la lujosa urbanización capitalina de Ifara, tiene hasta cuatro plantas más de las permitidas por el Plan General de Ordenación (PGO), tal y como se sostiene en dicho fallo, que puso fin a un contencioso administrativo iniciado tras las denuncias presentadas por varios vecinos de la zona.

Esa irregularidad no se puede legalizar con la revisión de las licencias que, entre 2003 y 2009, ampararon de forma ilícita el proyecto de construcción, pues lo único legalizable, en tal caso, sería el uso sociosanitario de la parcela, que estaba prevista para club deportivo y guardería. Por aquel entonces, la concejala santacrucera de Urbanismo era Luz Reverón (Partido Popular).

Sin embargo, las posibilidades del Consistorio capitalino para no pagar esos 19 millones de euros pasa por una posible legalización, al menos de forma parcial. Para ello, hay abierto un expediente para lograrlo que, según expertos consultados tiene, cuanto menos, argumentos para no dar por pérdida aún semejante cantidad de dinero de los contribuyentes chicharreros.

Menos de la mitad

Cabe recordar que la sentencia establece que la residencia debería tener menos de la mitad de la edificabilidad actual (de 6.000 a 3.000 metros cuadrados, aproximadamente), que la altura de plantas debería rebajarse de seis a tres, que el retranqueo debería pasar de tres a siete metros, sin olvidar que el uso de la parcela no es el de residencia geriátrica, entre otras cuestiones, añade.

Además, la propia sentencia del TSJC dice textualmente que procede a la nulidad de la licencia, “porque autoriza obras contrarias al planeamiento y, por tanto, ilegalizables”.

En cuanto a los motivos por los que las licencias fueron declaradas nulas, el TSJC consideró causa suficiente para ello que Urbanismo permitió en su día alturas que llegan a superar los 20 metros, cuando no pueden ser superiores a 10; también que la separación entre la vía pública y el edifico es inferior a la que permite la normativa urbanística; que no se han respetado la altura y la anchura de los bancales, por lo que los desmontes que separan el edificio de la vía son también ilegales, y, además, que la superficie de los patios interiores es menor a la permitida.

Cuando cerró el centro, un total de 176 personas mayores tuvieron que buscar un nuevo alojamiento.

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