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La nueva normalidad política canaria: año I

El 22 de junio de 2019 comenzó la otra desescalada, tras 26 años de CC en la cúspide autonómica, con la firma del pacto entre el PSOE, NC, Podemos y ASG para investir al socialista Torres, el 12 de julio
Román Rodríguez (NC), Noemí Santana (Podemos), Ángel Víctor Torres (PSOE) y Casimiro Curbelo (ASG), el 22 de junio de 2019. / FRAN PALLERO
Román Rodríguez (NC), Noemí Santana (Podemos), Ángel Víctor Torres (PSOE) y Casimiro Curbelo (ASG), el 22 de junio de 2019. / FRAN PALLERO

Antes del confinamiento por la pandemia del coronavirus, Canarias estrenó la nueva normalidad política el martes 16 de julio de 2019, con la toma de posesión de Ángel Víctor Torres. La desescalada había comenzado el sábado 22 de junio, después de 26 años de CC en la cúspide autonómica. En el chicharrero parque de García Sanabria, el reloj de flores marcó la hora del cambio. Era el día de santo Tomás Moro (1478-1535), el patrón de los políticos y los gobernantes. La obra más famosa del pensador y humanista inglés, canciller del reino, es Utopía, en la que relata la organización de una sociedad ideal. Acusado de alta traición por rechazar el juramento antipapista en el surgimiento de la Iglesia anglicana, ejemplificó “la importancia de anteponer las creencias personales a las vicisitudes de las circunstancias políticas”. Ángel Víctor Torres (PSOE), Román Rodríguez (NC), Noemí Santana (Podemos) y Casimiro Curbelo (ASG) firmaron el Acuerdo para un Gobierno de Progreso y de Cambio para Canarias, un documento marco de veintiséis páginas. Únicamente Curbelo no entraría en el Ejecutivo: en lugar del presidente del Cabildo de La Gomera, lo hizo la por aquellas fechas senadora Yaiza Castilla, en Turismo, Industria y Comercio). El premio complementario sería el grupo parlamentario, una reforma del Reglamento que sus flamantes socios le negaron en la novena legislatura. 

El programa gira alrededor de ocho ejes: lucha contra la pobreza y por la inclusión social; fortalecimiento del Estado del bienestar, “potenciando y mejorando los servicios públicos esenciales”; fomento de la igualdad de género; favorecer la creación de empleo y el crecimiento económico; desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático; defender la regeneración política y la modernización de las administraciones públicas;  una política fiscal justa y suficiente, y una agenda de las relaciones con el Gobierno central.  Este último apartado incluye la defensa de las singularidades canarias como región ultraperiférica en la Unión Europea; un sistema de financiación autonómica en el que no computen como capacidad fiscal los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF), tal y como establecen, en su revisión de 2018, el artículo 166.3 del Estatuto de Autonomía y el 3.4 del REF; el cumplimiento del REF en los  Presupuestos Generales del Estado; el desarrollo y cumplimiento del Estatuto; la autorización para el uso del superávit de las comunidades autónomas cumplidoras con los objetivos de déficit, deuda y pago a proveedores (una aspiración plasmada en el real decreto ley, aprobado el 16 de junio de 2020, que se regula el reparto de los 16.000 millones del fondo extraordinario no reembolsable por la covid-19) y la negociación de la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el convenio de carreteras. 

Los signatarios se comprometieron a “construir una Canarias cimentada en la solidaridad, el equilibrio, la igualdad y la unión de todos los canarios y canarias, desde un ejercicio permanente de equilibrio, comprensión, flexibilidad, creatividad y esfuerzo, con lealtad a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al Régimen Económico y Fiscal. Reivindica la política como “un instrumento útil al servicio de Canarias y no como una herramienta para la crispación y la deslealtad”.   

Convencidos de que “la sociedad canaria está cargada de valores y de un enorme sentido común, confrontaron los conceptos de avanzar y retroceder: “Mirar al futuro o girar la vista al pasado. Una Canarias con un proyecto compartido, o una Canarias que enfrenta y divide”. Torres, Rodríguez (vicepresidente y consejero de Hacienda), Santana (Derechos Sociales) y Curbelo brindaron por “la oportunidad de hacer realidad el cambio por el que votaron más de un 1.200.000 canarios y canarias el 26 de mayo”, emanado “del diálogo”.  

Debate de investidura de Ángel Víctor Torres. / F. P.
Debate de investidura. / F. P.

Ángel Víctor Torres fue investido el 12 de julio de 2019, en sustitución de Fernando Clavijo, con la oposición de Coalición Canaria, el PP y Ciudadanos. “Seamos un Gobierno de carne y hueso, no uno inaccesible”, exclamó al recibir la confianza del Parlamento. “Ojalá podamos convertirlo en el Ayuntamiento de las ocho islas, porque ayuntamiento significa juntar”, manifestó el exalcalde de Arucas. “Solo deben tener miedo quienes no quieran repartir la riqueza o los que quieran revertir los derechos logrados”, expuso en el debate. La espontánea voz de un niño de cuatro años salida de la tribuna de invitados se coló entre los aplausos: era el hijo de Torres, que llamaba a su “papi”. 

No había transcurrido un mes cuando la Cámara regional nombró al candidato de CC y al del PP, Asier Antona, senadores por la Comunidad Autónoma, además de Pedro Ramos (PSOE).   

En su discurso institucional del 16J, en la sede tinerfeña de la presidencia, Torres enfatizó que pelearía por Canarias sin echar pulsos. En la relación con la Administración General del Estado, resaltó, “hablaremos alto y claro, pero no gritando”. Habrá, garantizó, una “férrea exigencia, tendiendo la mano con argumentos y sin ruido”. Llegó al cargo “con una Canarias fragmentada y socialmente injusta”, en la que el 35% de la población estaba en riesgo de pobreza y en la que “no cabe rendirse” en el afán de “dar la vuelta” a la situación, porque “los pilares del estado del bienestar están heridos”.   

En el tradicional mensaje de Fin de Año, Torres auguró un 2020 “difícil” que habría que afrontar “con determinación”. En tan poco tiempo, le ha tocado apagar muchos fuegos. Y, aparentemente, no se ha quemado.  

La efeméride coincidió con el doble relevo en Sanidad y Educación. Blas Trujillo y Manuela Armas les quitan un peso de encima a Julio Pérez y José Antonio Valbuena, que ocupaban las vacantes de la destituida Teresa Cruz Oval y la dimitida María José Guerra. Elena Máñez entró en Economía, Conocimiento y Empleo tras el ascenso de Carolina Darias a ministra de Política Territorial y Función Pública. 

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