Los servicios jurídicos de la empresa pública Sodepal, que depende del Cabildo palmero, anunciaron ayer por medio de un comunicado que han detectado “evidentes y manifiestas irregularidades” en la contratación realizada en el pasado mandato, cuando tenía responsabilidades sobre la citada sociedad Jordi Pérez Camacho (CC), “para el mantenimiento de las páginas webs de los proyectos Transvulcania Bike, La Palma Film Commission, IslaBentura y La Palma Ecuestre”, creados y administrados por la corporación, “lo que ha obligado a la paralización del servicio hasta que la situación cumpla con todos y cada uno de los requisitos legales”, explican en la nota de prensa.
A este respecto, la consejera delegada de Sodepal en la actualidad, Raquel Díaz, manifestó que “lo que está ocurriendo con las webs de cuatro de nuestros proyectos es un nuevo ejemplo de cómo se gestionaba la sociedad pública durante la pasada legislatura”. A propósito, señaló que “nuestro objetivo desde el minuto cero ha sido regularizar los pagos con los proveedores, corregir el agujero económico de la sociedad y legalizar, como no podía ser de otra manera, todos los contratos que durante cuatro años se venían realizando sorteando la legalidad”.
Además, defendió que “todas las empresas, todos los autónomos, deben tener los mismos derechos a trabajar con Sodepal. Y no es que lo digamos nosotros, no nos estamos inventado nada, es una cuestión de legalidad”. Sin embargo, detalló que “el informe jurídico que tenemos sobre la mesa nos deja al descubierto otra manera de trabajar que rechazamos de forma enérgica”.
Los juristas pertenecientes a Sodepal advierten en su informe de que con las webs ahora paralizadas “se observa un fraccionamiento del objeto del contrato, puesto que existen cuatro contratos para un mismo servicio con el mismo contratista”. Y subrayan que “nos encontramos ante una prestación que presenta un carácter recurrente año a año (…). Se observa claramente que la finalidad ha sido la cuantía del contrato y eludir los requisitos de publicidad y relativos al procedimiento de adjudicación correspondiente, en cumplimiento del artículo 99 de la Ley de Contratos del Sector Público”, concretan.
Los servicios jurídicos de la empresa pública, de acuerdo con la institución insular, “van incluso más lejos”, subrayando que “atendiendo a cada uno de los proyectos presentados, se establece que el contrato será objeto de una prórroga tácita”, cuando en cumplimiento del artículo 29.8 de la LCSP “los contratos menores (…) no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga”. Es más, desde el Cabildo aseguran que el artículo 29.8 de la misma ley refleja que “en ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes”.
“Otro de los incumplimientos detectados es el relativo a la adjudicación del servicio de mantenimiento de las webs objeto del informe”, detalla la primera Corporación de la Isla Bonita, dado que, a efectos formales, “no existe adjudicación efectuada por el órgano de contratación, no existiendo contrato alguno”. De igual manera sostienen, aludiendo al documento jurídico, que tampoco queda determinada “la conformidad de que el servicio ha sido realizado satisfactoriamente. No existe documentación alguna que lo acredite”.
De otra parte, sobre la meticulosidad del proceso de análisis del expediente en cuestión, señalan que “toda la documentación existente sobre esta contratación se ha analizado minuciosamente para determinar si debe ser trasladarla a la autoridad competente”.
PEDIR DISCULPAS
Por último, la consejera Raquel Díaz explicó que “sabemos de la importancia de mantener activas todas las webs de Sodepal”, por lo que “estamos trabajando para recuperarlas, mejorarlas y gestionarlas lo antes posible en el marco de la legalidad y con la mayor profesionalidad”. Sin embargo, quiso dejar constancia que, “con un informe jurídico tan contundente lo menos que puede hacer el responsable de todo lo ocurrido [haciendo referencia al consejero nacionalista Jordi Pérez] es pedir disculpas a todos los ciudadanos, asumir que facilitó contrataciones fuera de la legalidad y mostrar su apoyo para mejorar la imagen que nos hemos encontrado de la empresa pública”.
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