caso reparos

“CC convirtió La Laguna en una especie de paraíso fiscal”

El denunciante de las supuestas irregularidades en contratos públicos ocurridas entre 2013 y 2018, Santiago Pérez, y uno de los denunciados, el exalcalde lagunero José Alberto Díaz, coincidieron ayer en el pleno del Ayuntamiento, justo al lado del retrato del otro implicado, el expresidente regional Fernando Clavijo
Santiago Pérez: "CC convirtió La Laguna en una especie de paraíso fiscal". DA
Santiago Pérez: "CC convirtió La Laguna en una especie de paraíso fiscal". DA
Santiago Pérez: “CC convirtió La Laguna en una especie de paraíso fiscal”. DA

Diario de Avisos/Efe

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez (Avante), denunció ayer que el llamado caso Reparos convirtió al municipio en una especie de “paraíso fiscal” en materia de contratación pública para determinadas empresas cuando gobernaron los dos últimos alcaldes de Coalición Canaria, Fernando Clavijo y José Alberto Díaz.

Las declaraciones de Pérez se producen al día siguiente de que se comunicara a las partes la presentación de un escrito por parte de la Fiscalía Anticorrupción fechado el pasado 11 de marzo y en el que el Ministerio Público aprecia indicios de la comisión de un delito de prevaricación continuada dentro de una causa que abrió el propio Pérez hace dos años cuando pidió que se investigara la gestión de Clavijo, ahora senador autonómico, y Díaz, hoy edil lagunero en la oposición, en sus decisiones de prorrogar determinadas concesiones municipales.

A este respecto, Santiago Pérez recordó que los dos ejecutivos locales nacionalistas entre 2013 y 2017 dejaron extinguir los contratos de entre 17 y 20 empresas que gestionaban “la mayor parte” de los servicios que el Ayuntamiento prestaba a la ciudadanía.

Una vez extinguidos esos contratos, continúa Pérez, los equipos de gobierno de Clavijo y Díaz autorizaban a esas mismas empresas a seguir facturando y prestando esos servicios sin concurso público, “a dedo” y no bajo la condición de prórrogas, porque Santiago Pérez entiende que no se puede prorrogar “lo que no existe”.

“Cada una de esas decisiones, antes de ser tomada, tuvo que enfrentarse a los reparos de la Intervención General, es decir, a la advertencia de un funcionario de que ciertos actos eran ilegales. Se han dictado desde el 2013 aproximadamente 180 decretos, levantando los reparos de intervención y autorizando siempre a las mismas empresas a gestionar servicios de cuantías millonarias”, ha puntualizado el concejal denunciante del caso.

Todo esto, continuó el líder de Avante La Laguna, convirtió al municipio de la Ciudad de Los Adelantados en una especie de off-shore, de paraíso fiscal en materia de contratación pública, porque los exalcaldes Clavijo y Díaz “cerraron el mercado” y conformaron otro mercado “protegido” del que disfrutaban las mismas empresas en condición de “oligopolio”, añadió Santiago Pérez.

Quedaron así derogados, según el concejal, los principios de libertad de concurrencia igualdad entre empresas interesadas y selección de la mejor oferta para la administración. “¿A cambio de qué se permitió esto?”, se ha preguntado.

El edil de Avante calificó, asimismo, de “muy consistente” el informe presentado por la Fiscalía Anticorrupción, a la par que lamentó que el asunto haya estado dos años “sumergido” por la “inactividad absoluta”, a su juicio, del Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna.
Pérez recordó igualmente que compareció hasta dos veces en el pleno del Ayuntamiento (en el 2016 y 2017) para advertir públicamente de la posible ilegalidad de esas prácticas, y solicitó en ambas ocasiones a los Ejecutivos locales que acabaran con ellas.

Ha recalcado en esa línea que cumplió entonces su “deber legal” como cargo público, porque la ley lo obligaba a denunciar cualquier actividad que pudiera entender como ilegal y constitutiva de delito, como finalmente hizo a lo largo del 2018.

No obstante, no ha aclarado su continuidad en el proceso: “Tendré que decidir si continúo o no en la causa a partir de ahora, porque ya he cumplido con mi deber y, a partir de este momento, la acusación ya la ejerce el Ministerio Público”, concluyó Pérez.

En el caso Reparos se investigan los sistemáticos levantamientos de los mismos a través de decretos aprobados por la Alcaldía lagunera durante los años comprendidos entre 2013 y 2017, a pesar de que en los mismos la Intervención Municipal advertía sobre la posible ilegalidad de dar continuidad a unos contratos en los que supuestamente se dejaba cumplir el plazo en ellos fijado para su finalización.

Entonces, los que habían creado la urgencia alegaban la misma para evitar presuntamente un concurso abierto a cualquier interesado y se adjudicaba a dedo a la empresa en cuestión. Solo en lo comprendido entre esos años el montante total de los contratos afectados es de casi 47 millones de euros.

Aunque la denuncia se interpuso en enero de 2018 por parte del concejal Santiago Pérez, el juzgado en cuestión solo practicó una diligencia inicial, que consistió en requerir al Ayuntamiento la documentación necesaria para investigar los hechos.

Ahora, casi dos años y medio después, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación de Clavijo y Díaz, así como de dos exconcejales de Coalición Canaria, otros dos funcionarios y un técnico municipal.

Son 180 decretos, pero no se ha informado de todos a la fiscal

Desde un primer momento, la instrucción del caso Reparos está plagada de sorpresas. Una de ellas es que el escrito de la Fiscalía Anticorrupción se circunscribe al periodo 2013/2017 y 118 decretos, cuando lo cierto es que se trata de 180 decretos si se tienen en cuenta la segunda y tercera ampliación de la denuncia, que trata sobre 2018 y que, está claro, no habían sido facilitadas al Ministerio Público cuando elaboró su detallado escrito de más de 150 folios.

Díaz: “responde a otro ataque político de Santiago Pérez”

El exalcalde de La Laguna (Tenerife) y concejal en el Ayuntamiento, José Alberto Díaz (CC), aseguró ayer que el llamado caso Reparos responde a “otro ataque político” del actual edil de Urbanismo, Santiago Pérez (Avante), y defendió que durante su mandato simplemente resolvió discrepancias técnicas en torno a la prórroga de ciertos servicios.

Díaz replicó así a Santiago Pérez, quien sostiene que entre 2013 y 2017 el municipio lagunero se convirtió en un “paraíso fiscal” en materia de contratación pública porque se dejaron extinguir los contratos de determinadas empresas que gestionaban “la mayor parte” de los servicios públicos y se les permitió luego prorrogar estos servicios sin concurso de por medio. La tesis de Pérez, denunciante del caso, es compartida por la Fiscalía Anticorrupción provincial.

El exalcalde, sin embargo, ha defendido que durante su mandato se sacaron más de 20 concursos públicos y que las prórrogas de servicios (recogida de residuos o atención domiciliaria a 1.100 familias, entre otros) se resolvieron en base a un interés colectivo “superior” y como forma de dirimir discrepancias técnicas, “entre funcionarios”, como mantener o detener dichos servicios en un “contexto de crisis”.
El Gobierno local que encabezó el propio Díaz (2015–2019) prefirió entonces, según ha dicho, la versión que optaba por mantener los servicios de unas empresas que, además, operaron con el mismo importe económico que ya habían ganado en su momento mediante concurso público.

Extrañado

Díaz también ha recalcado que en el auto de archivo del denominado caso Grúas que el Tribunal Supremo publicó el pasado martes ya se mencionan los reparos como contextualización, aunque ha reconocido que no específicamente sobre este otro caso. “Existen los reparos, y existe el levantamiento de reparos”, ha recordado.

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