Caso Grúas

Santiago Pérez: “No creo que el caso Grúas haya terminado, a pesar de las trompetas y clarines de Coalición”

Reconoce estar hoy en día más interesado en los problemas del urbanismo lagunero, del que ahora es responsable, y que sea la Fiscalía la que sustente la acusación judicial derivada de su denuncia

Santiago Pérez. Sergio Méndez
Santiago Pérez. Sergio Méndez

Se anuncia tranquilo por cumplir con su deber de denunciar ante la Justicia lo que considera ilegal, como así le obliga el ordenamiento jurídico, ya sea en relación con el caso Grúas, ya con el de los Reparos, del que además -recuerda- advirtió desde dos años antes en plenos municipales sin que nadie se diera por aludido. Reconoce estar hoy en día más interesado en los problemas del urbanismo lagunero, del que ahora es responsable, y que sea la Fiscalía la que sustente la acusación judicial derivada de su denuncia. Atiende a DIARIO DE AVISOS en la semana después de que, precisamente, la Fiscalía Anticorrupción hiciera suya la denuncia presentada por Santiago Pérez (La Laguna, 1954), y atiende a este periódico en su propio domicilio, en pleno corazón de la Ciudad de Los Adelantados.

– Le acusan de guardar rencor a Coalición porque en su día se habrían querellado contra usted.
“[Sonríe tras escuchar la pregunta y se ausenta unos segundos para volver con una respuesta que guarda plastificada como testimonio de otros tiempos] La única denuncia que han presentado contra mí en materia penal durante toda mi vida es esta. Diligencias previas del 23 de septiembre de 1975. Tenía 20 años, era estudiante de quinto de Derecho y Franco estaba vivo todavía. Como ve, es la copia certificada del juzgado en la que figuro como único denunciado, y en ella consta la inhibición del mismo, junto a una exposición de 92 folios con todos mis antecedentes políticos, en favor del siniestro Tribunal De Orden Público.Se abrieron por propaganda ilegal, pero la Brigada de lo Social lo que buscaba era incriminarme por asociación ilegal, dado que las penas eran considerablemente mayores”.

– No le denunciaron por corrupción, entiendo.
“No. Por mi compromiso con la democracia, con mis ideas de izquierdas y por antifranquista”.

– ¿Qué le parece el archivo del llamado caso Grúas?
“En términos jurídicos me parece una frivolidad”.

– ¿En qué sentido?
“Porque la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado de plano un auto de archivo sin ni siquiera haber pedido que se le remitiera el conjunto de la investigación como solicitó el fiscal del Tribunal Supremo. Cada cual actúa de conformidad con su libertad, aunque sea en relación con hechos que han ocurrido en unas Islas lejanas de la capital del Reino y en las que no es la primera vez a lo largo de la historia en que parece que las normas de nuestro ordenamiento jurídico aquí se exceptúan”.

– ¿Da el caso Grúas por terminado?
“En mi opinión, jurídicamente no ha terminado. A pesar de las trompetas y clarines de los voceros de Coalición Canaria”.

– Entiendo que no quiera desvelar su estrategia procesal, pero contra el archivo del Supremo solo cabe un recurso de súplica ante la propia Sala.
“Efectivamente, solo cabe un recurso de súplica que va a obligar a la Sala Segunda a examinar y responder al conjunto de dudas que despierta este archivo. Lo que a nadie se le escapa es que Clavijo [Fernando Clavijo, exalcalde lagunero y expresidente de Canarias, uno de los imputados por el caso Grúas] ha llevado a cabo una utilización clarísima del fuero de los parlamentarios de España que, si tiene algún sentido en la actualidad, como subrayó el Consejo de Estado en un importante dictamen de hace pocos años, es para investigar y juzgar a los cargos aforados por los hechos realizados en el ejercicio de ese cargo por el que están aforados, no para zafarse del principio de igualdad ante la ley y del principio del juez predeterminado por la ley por fechorías cometidas en otra etapa de su vida”.

– Pero, ¿se acaba el caso Grúas en el Supremo o no?
“Habrá pronunciamientos de la justicia ordinaria aquí porque no todos los imputados están aforados y porque los hechos de esos imputados tienen entidad suficiente como para ser investigados por sí mismo. La mejor prueba de ello es que, antes de ser imputado Clavijo, ya había otras dos autoridades imputadas [el también exalcalde lagunero José Alberto Díaz y el exedil Antonio Pérez Godiño, ambos de Coalición Canaria]. Eso significa que su actuación tiene la suficiente entidad con independencia de la de Clavijo. Si lo que hicieron los otros fuera un mero nexo de lo que hizo Clavijo, habría sido imposible imputar antes a los digamos, subordinados, que al supuesto jefe”.

– ¿En qué critica exactamente el archivo?
“En que la Sala Segunda del Supremo se ha basado solo en una memoria elevada por la jueza de instrucción en la que se omitían aspectos muy importantes del caso Grúas. Por eso la Fiscalía del Supremo reclamó ampliar dicha documentación”.

– ¿En qué se parecen el caso Grúas y el caso Reparos?
“Se parecen en la prepotencia, en la sensación de impunidad por parte de Coalición Canaria en la que parece que el Ayuntamiento de La Laguna era un garito. En común tienen en que se trata de decisiones ilegales en cuanto son constitutivas de delito. Pero si me permite la expresión, el caso Grúas, aún cuando tiene evidente entidad delictiva, al lado del caso Reparos, es el juego de las casitas. El caso Reparos es una práctica sistemática de decisiones al margen de la ley en materia de gestión de servicios municipales por parte de empresas privadas a las que se da un trato de favor al margen de la legalidad que rige la contratación pública y la legalidad presupuestaria de las haciendas locales, y prácticamente todas las veces, que son 140 decretos, advirtió sobre ello la Intervención, que es el órgano encargado de controlar la legalidad de las actuaciones antes de que tengan lugar las mismas”.

– Dadas las ampliaciones de su denuncia que ha llevado a cabo, hay cierta confusión. ¿De cuánto dinero estamos hablando finalmente en relación con esos 140 decretos dictados desde 2013 a 2018?
“En total, de unos 60 millones de euros de los mismos contribuyentes púlicos de La Laguna que llevan una década realizando un gran esfuerzo tributario para sacar a la hacienda municipal del estado de ruina en el que la dejaron Ana Oramas y Clavijo, y que afloró en 2012 con la aprobación de un decreto ley de pago a proveedores”.

– Habla usted de trato de favor. ¿Qué habría a cambio?
“Tengo los años que tengo y cuando uno ve esa práctica generalizada, que convirtió a La Laguna en un paraíso legal en esta materia, siempre se pregunta a cambio de qué. Y uno tiene derecho a plantearse ciertas hipótesis. ¿A cambio de poder enchufar en esas empresas a un montón de fieles a Coalición Canaria, primos, cuñados y demás parientes? Porque está constatado que en una pequeña empresa como la de las grúas Clavijo forzó a su propietario a contratar a una serie de amigos suyos; luego, tengo derecho a pensar que ante empresas que cuentan con cientos de trabajadores, y en muchos casos poco cualificados, que sea a cambio de enchufes generalizados. Porque, además, no solo se trata de un problema de legalidad sino también de trampas a la democracia. Yo puedo pensar que esto tiene también que ver con ese derroche electoral que Coalición Canaria exhibe en todas y cada de las convocatorias con las urnas. Aquí hay gravísimas infracciones a la legalidad y hay además trampas a la democracia, a la limpieza de las reglas del juego. En el caso Reparos estuve dos años advirtiéndolo en el pleno de la Corporación como así está transcrito en las actas y la respuesta fue a peor la mejoría, de tal manera que hasta finales de 2018 , seguían las prácticas. Por eso la cuarta y última ampliación de la denuncia fue presentada a principios de 2019”.

– ¿Por qué acudió en esas fechas a Anticorrupción?
“Ante la inoperancia absoluta del Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna, que en año y medio prácticamente no había hecho nada después de presentarse la denuncia. Y porque la importancia de los hechos y la relevancia de los posibles implicados está dentro, claramente, de la órbita de actuación de la Fiscalía Anticorrupción”.

– ¿Por qué presentó esta denuncia?
“Presenté esta denuncia, como he presentado otras (aunque no muchas a lo largo de mi trayectoria política) cumpliendo con mi deber legal de ponerlo en conocimiento del juzgado o de la Fiscalía. Y cumplir con mi compromiso ante la ciudadanía de La Laguna, ante la cual me he presentado en muchos procesos electorales abogando por la defensa de la legalidad en las actuaciones del Ayuntamiento”.

– ¿Es consciente de que este tipo de prácticas, como el levantamiento de reparos, es relativamente habitual en algunos ayuntamientos canarios?
“Soy plenamente consciente, pero también de que la realidad es la que es, y que muchos de los grupos municipales que tienen que llevar a cabo las tareas de oposición a lo largo y ancho de la geografía municipal del Archipiélago están integrados por personas que seguramente no tienen los conocimientos jurídicos que yo tengo [Pérez es profesor jubilado de Derecho en la Universidad de La Laguna] y, en consecuencia, yo no tengo la menor excusa para mirar hacia otro lado. Ni política, ni jurídica”.

– ¿Es consciente de que las personas implicadas tienen familia?
“Claro. Como la tiene quien denuncia los hechos y por ello recibe ataques como los recibo yo desde hace década por parte de Coalición Canaria”.