Hace unas semanas la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, comunicó que su departamento estaba ‘repasando’ las solicitudes de expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) excepcionales por el Covid-19 en busca de posibles fraudes.
Por entonces, Díaz ya avisaba de que las empresas que se hubiesen beneficiado de las exoneraciones de cuotas sociales indebidamente se podían enfrentar a consecuencias penales.
La trampa no saldrá gratis a los empresarios. Según ha podido saber Invertia, no solo tendrán que pagar todas las cuotas sociales de las que se haya exonerado la empresa, sino que además tendrá que abonar un recargo y enfrentarse a una sanción que puede alcanzar los 800.000 euros.
Trabajadores
Los trabajadores que estén percibiendo las prestaciones sin que les corresponda o al mismo tiempo que un salario, tampoco se van de ‘rositas’.
Novoa explica que “actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a las que corresponde está tipificado como infracción muy grave”.
En este caso, las personas que hayan cometido esta infracción (y sean ‘cazados’) tendrán que devolver todas las prestaciones percibidas, en este caso las mensualidades por el desempleo cobradas por el ERTE, también con su correspondiente recargo.
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