Histórico, sí

s probable que, desde los años ochenta, desde aquellos célebres debates sobre el modelo de integración de España y de Canarias en las Comunidades Europeas, no interesaran tanto las decisiones de los órganos de la actual Unión Europea (UE). Se repartía dinero y no era cuestión de cerrar las negociaciones con un fracaso que hubiera puesto en cuestión la utilidad misma de la estructura, a partir de las diferencias de los responsables de los estados miembro. Había que alcanzar un acuerdo, como fuese. En plena crisis post-pandemia, la salida –prácticamente para todos- dependía de la capacidad de admitir y renunciar a criterios, de ser comprensivos con las exigencias y de no tratar de resolver a base de intransigencias, basándose en presunciones de incumplimientos.

El Consejo Europeo ha dado una respuesta histórica cuando la incertidumbre de la papeleta se agigantaba. Por tanto, parece de perra chica esa simplificación sustanciada tras haber alcanzado el acuerdo, en clave de política nacional: una proyección del debate inabarcable Gobierno-oposición. Al final, el Partido Popular, que esperaba otros resultados probablemente, tuvo que plegar velas y ponerse al pairo hasta transmitir que su intervención fue decisiva para alcanzar eso, el mejor acuerdo imposible (que parecía). Su estrategia inicial, con recelos y reproches, como viene siendo tónica predominante, no pareció muy afortunada. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al frente del complicado proceso negociador por el lado español, ha salvado algo más que los muebles y ha subido enteros en esa cotización de liderazgo o de hombre de Estado que parecía se le resistiera.

Como ya deben saber, un gran Fondo de Recuperación de setecientos cincuenta mil millones de euros, denominado ‘Próxima Generación UE’, constituye la base del acuerdo. No es un ‘Plan Marshall’, pero casi. Ha de ser la base de la base de la recuperación, asentada en tres factores relevantes y que en teoría han de caracterizar la sociedad europea del futuro: la transición digital, la transición ecológica y la formación de estudiantes y trabajadores. Estos soportes son primordiales para los pretendidos objetivos de una economía competitiva, inclusiva y sostenible.

De esta cantidad global, equivalente al 4,6 % del Producto Interior Bruto (PIB) de 2019, trescientos sesenta mil millones de euros serán destinados a préstamos; y trescientos noventa mil millones a transferencias, que serán resueltas supeditadas al impacto de la pandemia. ¿Qué se trae España de las arduas negociaciones que dieron como resultante las cantidades antedichas? Pues ha logrado completar hasta ciento cuarenta mil millones de euros en los próximos seis años: más del 11 % del PIB nacional. Setenta y dos mil setecientos millones de euros figuran en el capítulo de transferencias. La ayuda a España significa, en números contantes, diez veces más que lo obtenido en los años noventa en el marco de los fondos de cohesión.

No es poco ni está mal, desde luego. Con razón, hubo una satisfacción generalizada. La reconstrucción de muchos países dependía (depende) de una distribución apropiada de los recursos. Era el do de pecho. Sobre el papel, la UE lo ha dado con altura de miras, lo cual le permite salir más sólida y mejor vertebrada. Los gobiernos de los países deben ahora corresponder y estar a la altura. Los gobernantes han hecho un ejercicio de equilibrios económicos para encarar un cambio histórico. Ahora tendrán que afrontar objetivos que refrenden la gran tarea de la modernización, clave para no perder ningún tren. Y miren que se está larvando la revolución digital, verde y de cohesión social y territorial.
Esta vez, procede: acuerdo histórico.