A diferencia de lo que ocurre con la pieza separada que afecta al hoy senador autonómico Fernando Clavijo (Coalición Canaria), la pieza principal del llamado caso Reparos no ha sido declarada como compleja por parte de la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna, por lo que es prácticamente imposible que la instrucción de la misma se prolongue más allá de la toma de declaración a los ahora investigados, entre los que sobresale el también exalcalde José Alberto Díaz (CC), quien firmó la inmensa mayoría de los decretos (cerca de 90) que levantaron los reparos interpuestos desde la Intervención General al advertir sobre la posible ilegalidad en la contratación a dedo de concesiones municipales, cuyo plazo establecido había expirado.
Ello se debe a que los seis meses otorgados legalmente por la ley para dicha instrucción ya se han cumplido, si bien (como explicó la jueza en su día) hay reiterada jurisprudencia que permite practicar el interrogatorio de los encartados antes de dar por cerrada la investigación.
Y, aunque legalmente cabe aún la posibilidad de que se decrete el archivo, no parece desde luego que este sea el caso, por cuanto el mismo se sustenta de forma nuclear en la documentación que ya está en poder del juzgado en cuestión, como argumentó precisamente la Fiscalía Anticorrupción en el extenso escrito por el que solicitó la citación de Díaz y el resto de firmantes de alguno de estos 140 decretos, cada uno con la suficiente capacidad de ser, independientemente del resto, investigado como un presunto delito en sí mismo. Así las cosas, y habida cuenta de que la jueza ha hecho suya la solicitud del Ministerio Público para emplazar como investigados a Díaz y otras ocho personas, lo lógico es que en consecuencia declare, tras oírles, la apertura de juicio oral sobre esta causa.
Resta recordar que también han sido citados como investigados los exediles (de CC) Aymara Calero Tavío, Atteneri Falero Alonso y Agustín Fernando Hernández, además de Asier Amador Robayna, que fue gerente del Organismo Autónomo de Deportes; Rosa Ana García Gaviño, jefa del Servicio de Bienestar Social y Calidad de Vida, y Carlos A. Gómez, técnico de la Unidad de Educación. En la relación de encausados también figuran dos exconcejales del PSOE: Javier Abreu y Mónica Martín.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas