Si la gestión de la pandemia por el Gobierno nacional ha sido desastrosa e indefendible, la del Gobierno canario no la ha superado mucho. Ambos ejecutivos han sido desbordados por los acontecimientos, y, desde luego, no han estado a la altura de lo que se supone corresponde a los gobernantes de un país desarrollado. Episodios como la muerte masiva de ancianos, sacrificados en beneficio de los más jóvenes por falta de medios en la sanidad pública, y cuyos cadáveres en muchos casos ni se sabe en donde han terminado, avergonzaría a cualquiera del llamado Tercer mundo.
Como decimos, el Gobierno español y el canario han sido desbordados por los acontecimientos. Sin embargo, en el sector educativo no es que hayan sido desbordados, es que se han limitado a no hacer nada. Y a esa pasividad absoluta han unido la continua intoxicación informativa de mensajes absurdos, contradictorios o imposibles de cumplir, como eso de doblar el número de profesores para el curso próximo (como si formar un profesor fuera tan rápido como fabricar un político); o la idea, parece que abandonada, de dividir a los alumnos en un grupo presencial y uno virtual (¿con qué criterios?). La ministra de Educación anuncia que se podrá pasar de curso y concluir un ciclo sin importar el número de suspensos, lo que vulnera frontalmente una ley orgánica. Y no pasa nada. Y se abren los centros educativos para clases de refuerzo voluntarias (o sea, quien decide que tiene un nivel bajo que necesita refuerzo es el alumno y no el profesor). Y la sensata propuesta del Consejo Escolar del Estado de no dar títulos de ciclo sino certificados en donde consten los suspensos no recibe sino críticas demagógicas.
Como se ha señalado, solo la enseñanza presencial garantiza la igualdad; porque ¿todas las familias españolas disponen de equipos informáticos adecuados, y a las que no los tengan se les van a proporcionar?; ¿todas pueden afrontar simultáneamente la enseñanza a distancia de sus menores y el teletrabajo de sus adultos?; ¿y sus casas tienen condiciones ambientales para ser aulas y oficinas? Ni los consejeros de Educación del Gobierno canario ni ningún otro político responsable han hablado mucho del curso actual, para no reconocer la obviedad de que habrá un aprobado general, que, como siempre, perjudicará a los mejores alumnos y premiará a los mediocres. Aunque, lamentablemente y por desgracia, no importa mucho: todos los índices internacionales clasifican tan mal a la enseñanza española y al rendimiento y al nivel de sus alumnos que la diferencia no será relevante.
España es un país contradictorio y absurdo, en el que la ley obliga a velar en rostro de los menores en fotos y televisión, para protegerlos no se sabe muy bien de qué; y, al mismo tiempo, permite que esos mismos menores participen en series televisivas y programas que incluyen intervenciones y diálogos de sexo explícito e implícito. Y a cara descubierta, por supuesto, igual que los menores que participan en anuncios.
Como hemos leído estos días, cuando las playas y las discotecas abren antes que los colegios y los institutos, no podemos esperar mucho del futuro que nos aguarda y aguarda a nuestros jóvenes. Bueno, en realidad no podemos esperar nada: por desgracia el futuro será igual al presente.
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