tribuna

Riesgo e incertidumbre

En 1921, Frank H. Knight publicó un conocido libro en el que exponía las diferencias entre riesgo e incertidumbre. El primero, definido como aleatoriedad con probabilidades conocidas y el segundo como lo contrario, cuando las probabilidades no son sabidas y por tanto, difíciles de estimar. En su teoría, el papel del empresario, fundamental en la economía, consiste en asegurar las rentas de los factores productivos soportando la ventura de la actividad económica, es decir, asume un determinado riesgo que explica la recompensa obtenida cuando acierta. Sabemos que los costes son ciertos pero los ingresos dependerán de que se cumplan las estimaciones que justificaban la inversión. Es una elegante teoría de la empresa y del papel del empresario que está a punto de cumplir su primer siglo de vida. Sin embargo, lo que no pudo definir es la incertidumbre más habitual que debe afrontar un empresario en estos tiempos, particularmente en las Islas Canarias.

Pongamos por caso el de un empresario que compra un determinado terreno en base a lo que ya sabe, que podrá construir en su día un establecimiento turístico de acuerdo a la ordenación territorial. Paga por la parcela de acuerdo con su estimación conforme a las valoraciones subjetivas de comprador y vendedor. Ambos están de acuerdo, caso contrario el contrato no podrá realizarse. El empresario ha asumido un riesgo, que mantendrá durante todo el tiempo en que no consiga desarrollar su proyecto. No es solo la inversión en la parcela, su coste de oportunidad deberá ser evaluado y que no es otra cosa que la opción que al comprar desechó por tener recursos limitados. Empieza su calvario, cada año habrá de afrontar impuestos, mantenimiento, seguridad … un sinfín de costes que no siempre parecen tan obvios. Los permisos se demoran porque hemos llegado a un punto en que se construye no en base a oportunidades que los empresarios genuinamente puedan observar en un momento determinado, tan solo se ejecuta el proyecto en cuanto es posible porque los periodos artificialmente prolongados por la burocracia imposibilitan cualquier cálculo económico racional.

Supongamos que superado ese periodo de tiempo, en el momento en que se entiende que ya es posible construir, se consigue la financiación necesaria y tras abonar las correspondientes licencias, uno moviliza a la cuadrilla de trabajadores precisos para que las obras se inicien. Insistamos en que todo el proceso ha sido diáfano aunque largo, legal porque no es exigible a los empresarios un conocimiento detallado de cada paso que la administración dé porque, sencillamente, ese es un entretenimiento de burócratas y políticos, no el de quienes deben batallar duramente cada día para sacar sus empresas adelante.

Por controversias incomprensibles, las más de las veces, el proyecto no avanza. Ciudadanos ruidosos con ideas contrarias a tu proyecto, que no terminas de entender porque cada hotel nuevo es una apuesta clara por la recualificación del destino y una mejora de la oferta que debe traducirse en mejores precios turísticos, y que no deben pagar precio alguno por su oposición, logran que dirigentes melifluos ordenen la paralización de las obras. Se hace un casus belli del asunto del que ya no puedes salir porque en un país tan polarizado, las cosas ya no tienen grises, o son claras o son obscuras. Conviene no pasar por alto el coste elevado en reputación que sufre el inversor, castigado con la parálisis y con el escarnio que sufre ante la opinión pública.

Veremos en que termina alguno de los proyectos que han pasado por esa amarga experiencia pero no parece sensato que se diga que con una indemnización expropiatoria el asunto se resuelve y no lo hará por varios motivos: no hay empresarios que actúen pensando en indemnización alguna, los proyectos se plantean buscando su rentabilidad futura y normalmente son proyectos a largo plazo.

Por otro lado, de igual manera que es fácil entender el valor subjetivo de un terreno cuando dos operadores privados se sientan a hablar, esto no ocurre cuando una de las partes esgrime acudir a la justicia -normalmente sus costes no los asume quien decide así sea largo el pleito- o el cambio de reglas como principal factor negociador. En ese caso, uno es precio oferente y el otro, resignadamente, se convierte en un tomador de ese precio sin margen para la negociación. Necesitamos inversión y talento como el aire que respiramos pero cada día las cosas son más complicadas. Los empresarios podemos lidiar con el riesgo, es parte de nuestro día a día, pero resulta inasumible convivir con una incertidumbre derivada de la inseguridad jurídica en la que nos obligan a actuar.

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