El viernes pasado el Congreso tumbó dos decretos sobre vivienda que se llevaron de prisa y corriendo por la movilización de un sindicato provocado por el desahucio de una anciana de nombre Maricarmen. Este hecho hizo que el presidente Sánchez incumpliera su repetida promesa de agotar la Legislatura hasta julio de 2027. Se tomó dos días de reflexión, tres menos que la última vez que hizo el amago de entregarse a las urnas, y el lunes, después de una calculada incertidumbre, anunció la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre, tal y como habían adelantado algunos medios de comunicación. Es cierto que otros problemas lo estaban acuciando, tanto en los juzgados, con el caso Leire y otros, como también por lo ocurrido en Ceuta. Los de Puigdemont votaron en contra coincidiendo con la decisión de Conde Pumpido de aprobar la amnistía también para la malversación. La convocatoria viene acompañada de dos guindas: el anuncio de una huelga general, por parte de los sindicatos, matizando que se hace contra la oposición, es decir contra el acuerdo adoptado por el legislativo, y la aprobación de dos nuevos decretos, prácticamente idénticos a los anteriores que no obtuvieron el voto mayoritario del Congreso. Hay que hacer una breve reflexión sobre la intención de que sean convalidados por la Comisión Permanente y sobre el anuncio de un PNV desnortado diciendo que va a apoyar uno de ellos. El artículo 78 de la Constitución es el que regula la función y composición de esa Diputación Permanente. Estará compuesta por un mínimo de 21 miembros, que representarán a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica. Le atribuye la competencia de ratificar la normativa gubernamental de urgencia en los supuestos de disolución anticipada de las Cortes o expiración de la Legislatura. No voy a entrar en el debate de que quien puede lo mayor puede lo menor, sino en que el respeto por la proporcionalidad le otorga a la citada Diputación el carácter democrático que le concede la Constitución, como no puede ser de otra forma. Aprovechar una coyuntura numérica para volver a revalidar lo que en su momento fue rechazado es una maniobra sucia que se apoya en la oportunidad de aquel que vio la ventana abierta y se coló para llevarse dos sábanas de hilo. Recuerdan: “María abre la ventana para que entre el fresco, y el fresco entró y se llevó parte del ajuar”. No es preciso insistir en este argumento que todos están en disposición de entender a menos que les ciegue la consigna de los que les piden permiso para perpetrarlo. El otro aspecto es el de la urgencia. La urgencia solo la da la oportunidad de una triquiñuela electoral que haría prosperar un recurso ante la Junta Electoral Central, a pesar de que se diga que se abusa de la apelación a los tribunales. A veces no queda más remedio. Alguien tiene que estar al tanto de mantener las garantías democráticas sin que le echen los perros. La estrategia no tiene presentación lo diga Conde Pumpido, Bolaños, Tezanos, Iván Redondo o el sursum corda. Sé que la gente a quien va dirigido el mensaje aceptarán todo lo que se haga porque forma parte del muro del no pasarán. Lo sorprendente es que Aitor Esteban, después de analizar el fraude y valorarlo como tal, ha dicho que votará a favor por coherencia. Me recuerda a Raskolnikov, el personaje de Crimen y Castigo, de Dostoyevski, cuando después de matar a la vieja usurera asesina también a su acompañante, por coherencia.
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