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Canarias ante el virus

La Covid-19 ha puesto de relieve la debilidad del estado de las Autonomías. Cuya arquitectura no se sostiene confiada a la lealtad de las partes. Transferidas las competencias de sanidad, educación y políticas sociales, en el estado más descentralizado del mundo, no funcionan los mecanismos de cooperación y coordinación, donde se precisa un marco nacional y que cumplan las Autonomías. Esta deriva se reproduce a escala autonómica, con los cabildos y ayuntamientos. El Pacto de Reactivación Económica y Social de Canarias, instrumentado en el Decreto de Simplificación y Sostenibilidad, se enfrenta a la peor crisis conocida en Canarias. Como refieren el FMI, BBVA Research, FUNCAS, FEDEA, ISTAC, la ULL, y las consejerías de Economía y de Turismo, que estiman una contracción del PIB 2020 en Canarias del 20-28%, con una reducción de empleo no inferior a los 100.000.
La rapidez e inmediatez son esenciales para su operatividad, que debemos medir en tiempos, procedimientos y seguridad jurídica. Simplificar acercándonos a la legislación básica nacional y a la Bolkestein de la UE. Valoro las propuestas al decreto de las Cámaras de Comercio y dentro de ella las de AVIBO, Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias, quienes representan ciudad y campo, lo urbano y lo rural. En el mundo rural es esencial mantener el marco de la vigente ley del Suelo 2017, que permite construir las bodegas y sus usos complementarios, en cualquier suelo con explotación vitivinícola y por ello las situadas en suelos de protección ambiental, “natural, paisajístico y cultural”, donde se sitúa la mayoría de las bodegas en Canarias. El decreto debe reconocer la situación, potenciando las Normas de Aplicación Directa, cuando es la propia UE quien las permite y subvenciona al 75%. Análoga lectura “urbanita” hace el decreto, al regular el capital de las sociedades agrarias, condicionándolo a que más de un 50% sea de socios agricultores, lo que no responde a la realidad canaria.
La mayor novedad se ofrece en los suelos urbanos. Donde retoma la legislación básica nacional, al suprimir el Anexo de las Evaluaciones Ambientales y profundiza en la Bolkestein de liberalización de servicio. Así con la Ley de Costas, simplifica las Autorizaciones Autonómicas, en las zonas de Servidumbre de los suelos urbanos consolidados antes del 88, espacios turísticos estratégicos, que pueden ahora gestionarse con Declaración Responsable. Evitando las “eternas autorizaciones”, que nunca llegan. De igual forma para el turismo, actualiza los trámites de Renovación y Modernización, con una oportuna doble medida. Suprimir la Autorización Turística Previa por Declaración Responsable, como señala la Bolkestein y simplificar el marco de las reformas turísticas. Diferentes actos ligados a la recepción de urbanizaciones y de gestión urbanística, se proponen a simplificación urgente
Con igual soporte el Decreto simplifica las Actividades sujetas a Licencia, Otro Título, Comunicación Previa y Exentas. Poniendo especial acento en las actuaciones en suelo rústico, donde introduce precisiones y libera actos a Comunicación Responsable. Llama la atención la propuesta de pasar de 4 a 6 años el plazo de la administración, para restablecer la legalidad urbanística; en un decreto dirigido a lo contrario, máxime en actos reglados de la administración. O el hecho de no entrar a simplificar trámites por solape de administraciones, que obligan a los ayuntamientos que así lo entienden, a duplicar el trámite de habitabilidad-actividades de las viviendas vacacionales.
Debemos acostumbrarnos a resolver en concreto problemas reales de la gestión urbanística y territorial, plazos y procedimientos con seguridad jurídica, ampliando la Bolkestein y la Administración digital.

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